¿Cuándo cruza la línea de la dictadura un país que ha estado derivando hacia la autocracia? En Nicaragua, el constante desmantelamiento de la democracia por parte del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, avanza desde hace muchos años. Pero en las últimas semanas, el régimen Ortega-Murillo tomó una medida dramática que posiblemente cruzó esa línea difícil de definición.
El 24 de octubre, uno de los principales asesores de Ortega, Horacio Rocha, acudió a la Corte Suprema de Nicaragua y esencialmente tomó posesión de la corte, poniéndola en manos del régimen. Comenzó anunciando formalmente que el jefe de operaciones del tribunal iba a ser despedido y puesto bajo arresto. Pero eso fue sólo el principio. Posteriormente, la máxima funcionaria del poder judicial de Nicaragua, la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, fue destituida de su cargo. Ramos ya era una ferviente partidaria del régimen, pero tal vez no lo suficiente.
Casi de inmediato, según informes locales que citan a familiares de empleados judiciales, agentes de policía acudieron a los domicilios de los funcionarios y del personal del tribunal, les quitaron sus teléfonos móviles y ordenadores y arrestaron a un número indeterminado de ellos.
Dos días después, otra jueza superior, Yadira Centeno, también fue destituida. Su hija, la abogada penalista Luisa Flores Centeno, fue arrestada y se cree que está detenida en la famosa cárcel El Chipote en Managua, la capital.
El Chipote es ahora descrito por medios locales como el escenario de “un desfile de funcionarios” del poder judicial. La situación es confusa, al igual que la situación del personal de la Corte Suprema. Según los informes, los familiares vienen a la cárcel de Managua para preguntar sobre sus familiares, pero se van con poca o ninguna información.
En cuanto al paradero de Ramos, el depuesto presidente de la Corte Suprema, aún no está claro. Sus allegados dicen que no saben si está bajo arresto domiciliario, en la cárcel o en otro lugar, ya que no han podido ponerse en contacto con ella.
Después de los arrestos y despidos masivos de trabajadores judiciales, la policía supuestamente “invadió” el complejo de la Corte Suprema, centrando su trabajo en las áreas donde se guardaban los registros electrónicos. También detuvieron al jefe de informática de la Corte, Martín García, junto a varios técnicos, así como a un asesor personal de Ramos, entre otros. Según informes, todos ellos también fueron llevados a El Chipote.
El interés del gobierno en los datos electrónicos coincide con un esfuerzo paralelo para tomar el control de los registros de propiedad, más allá de los que se encuentran en el complejo de la Corte Suprema.
El 30 de octubre, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen Ortega-Murillo, cambió la ley para reasignar la supervisión de todas las funciones del registro nacional de los tribunales a la Procuraduría General. Además de supervisar ahora todos los documentos relacionados con bienes raíces y otras propiedades, la Procuradora General Wendy Carolina Morales también nombrará, supervisará y disciplinará a todos los registradores, obteniendo control granular sobre la documentación de propiedad privada. Su oficina ahora también será responsable de todos los bienes pertenecientes al poder judicial.
El cambio se suma al poder que ya ejerce Morales, un leal al régimen cuya elección como procuradora general fue anunciada por Murillo, la esposa de Ortega, en 2019.
Los analistas de Nicaragua sugieren que la última toma de poder fortalece aún más la posición de Murillo. Además, y lo más importante, el desmantelamiento de la independencia de la Corte Suprema es un gran paso en el camino de Nicaragua hacia la dictadura. El régimen de Ortega, incluida la familia Ortega y sus aliados, tiene ahora un dominio absoluto sobre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Con el desmantelamiento de la independencia de la Corte Suprema, el régimen de Ortega tiene ahora un dominio absoluto sobre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Morales, quien ahora esencialmente administrará la Corte Suprema, recientemente se convirtió en una de los muchos funcionarios nicaragüenses bajo sanciones de Estados Unidos, y Washington la acusó no sólo de socavar los procesos e instituciones democráticas, sino también de utilizar la Oficina del Fiscal General para “reprimir la disidencia” y por “confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin base legal”. En otras palabras, robar los activos de los críticos del gobierno en nombre del régimen.
Ella fue una pieza clave en la decisión ilegal de despojar a cientos de críticos del gobierno de su ciudadanía nicaragüense en febrero, una medida denunciada por el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como una violación de los derechos humanos.
Al hacerse cargo del poder judicial, el gobierno, entre otras cosas, empeorará el grave problema de corrupción de Nicaragua, que ya lo ha convertido en uno de los países más corruptos de América Latina según los índices de percepción, una situación que se ha ido deteriorando año tras año bajo el gobierno de Ortega. régimen. Sin un tribunal independiente, vale la pena señalar, la corrupción de la propia familia Ortega-Murillo será prácticamente imposible de erradicar.
Más de 40 años después de que Ortega llegara al poder en 1979, el exlíder revolucionario ha consolidado su posición y la de su familia como gobernantes supremos de Nicaragua.
Ortega ganó una primera elección después de liderar a su grupo de revolucionarios marxistas para derrocar una dictadura de derecha. Pero cuando perdió las elecciones de 1990, aparentemente se desilusionó de la democracia.
Después de recuperar la presidencia en 2007, Ortega actuó sistemáticamente para desmantelar todos los controles y contrapesos contra su gobierno y el de su cada vez más poderosa familia. Poco a poco ha cerrado medios de comunicación independientes, ha cerrado organizaciones no gubernamentales y se ha enfrentado a la influyente Iglesia católica.
Como es común entre otros autócratas, le gusta mantener un barniz de legitimidad democrática, pero ese barniz ahora ha quedado prácticamente desmantelado. Antes de las elecciones presidenciales más recientes de 2021, cuando Ortega se postulaba para su quinto mandato consecutivo, arrestó a la principal candidata de la oposición, Cristiana Chamorro, solo unas horas después de que ella anunciara su candidatura. La madre de Chamorro, Violeta Chamorro, fue quien derrotó a Ortega en las elecciones presidenciales de 1990. Poco después de la detención de la señora Chamorro, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos aspirantes presidenciales más.
No hace falta decir que Ortega ganó ese quinto mandato consecutivo. Nadie pensó ni por un minuto que fueran unas elecciones limpias.
Hace un año, Nicaragua celebró elecciones municipales. No contentos con dominar casi todos los aspectos del gobierno nacional, Ortega y Murillo se aseguraron de tener también un control estricto sobre todos los gobiernos locales. Las elecciones dejaron a cada uno de los 153 municipios de Nicaragua en manos del partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, pocos nicaragüenses se molestaron en votar. Después de todo, nadie que esté prestando atención cree que Nicaragua ya sea un país democrático. De hecho, pocos creen que el presidente y la vicepresidenta no son más que dictadores.
- El artículo fue publicado originalmente en inglés por World Politics Review
