Tras 26 días de protestas, Guatemala amaneció este sábado sin bloqueos tras la decisión de las comunidades indígenas del occidental departamento de Sololá de abandonar los últimos puntos tomados en la Carretera Panamericana.
“Quedarán dejarán libres las carreteras, eso obedeciendo precisamente a que todos los alcaldes comunitarios recibiendo y atendiendo las diferentes necesidades de la población, hemos llegado a la conclusión de aperturar, pero a su vez mantener la resistencia y la manifestación pacífica”, informó Edgar Tuy Sindico de la Alcaldía Indígena de Sololá.
Los puntos bloqueados fueron liberados al atardecer del viernes y las comunidades indígenas han decidido un cambio de estrategia que incluye las concentraciones en edificios del Estado como el Ministerio Público, los tribunales, la Procuraduría General, la Procuraduría de Derechos Humanos, las alcaldías y otras instituciones.
“Informamos a toda la población sololateca que esos puntos serán levantados, obedeciendo a todos los alcaldes comunitarios”, dijo Tuy en declaraciones a periodistas frente a la sede de la Fiscalía en la capital guatemalteca.
Según Tuy, las acciones tomadas este viernes responden a las necesidades de la población. También anunció que se mantendrá la resistencia y a manifestación pacífica en estos lugares.
Los bloqueos provocaron el reclamo de comerciantes y empresarios debido a los daños en la actividad económica y el desabastecimiento de alimentos tanto en Guatemala como en los vecinos El Salvador y Honduras, altamente dependientes de la importación de productos agrícolas guatemaltecos.
Mizrahí Xoquic, alcalde de la municipalidad indígena de Sololá, indicó que la decisión se tomo en conjunto con varias autoridades.
“El gobierno no ha mostrado voluntad de diálogo ni de atender nuestras demandas, por lo que hemos decidido liberar el paso vehicular y concentrarnos en las protestas en la ciudad capital”, dijo Xoquic.
Las autoridades indígenas de Sololá exigen al gobierno la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, así como del juez Fredy Orellana. Los tres son señalados de intentar un golpe de Estado para impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el poder el 14 de enero próximo.
