Sólo 24 horas después de haber confiscado la jesuita Universidad Centroamericana y ordenado abrir juicio contra sus directivos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ratificaron el asalto y mediante la institución rectora de la educación superior bautizaron el recinto con el nombre de un guerrillero sandinista.
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua, órgano de la dictadura para el control de los centros de estudios superiores, acordó este jueves cancelar la autorización de funcionamiento a la Universidad Centroamericana (UCA) luego del giro de un oficio penal de una juez sandinista sancionada por violar las leyes para condenar a opositores nicaragüenses.
De acuerdo con el régimen, para “garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y posgrado de la universidad expropiada, el CNU aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
Sotelo fue un guerrillero sandinista que estudió en la UCA y operaba desde ahí la organización comunista Frente Estudiantil Revolucionario y el Centro Estudiantil de la Universidad Centroamericana (CEUCA).
Murió el 4 de noviembre de 1967, a los 24 años, en un combate contra la guardia de la familia Somoza, luego de ser descubierto junto a otros guerrilleros planificando acciones armadas contra la dictadura familiar de aquella época.
La dictadura de la familia Ortega-Murillo a la vez autorizó el nombramiento de nuevas autoridades académicas en la universidad confiscada, tras exiliarse los jesuitas y administrativos de la UCA por las amenazas de capturas.
Fueron nombrados como rector Alejandro Enrique Genet Cruz; vicerrectora Luz Marina Ortiz Narváez; y el secretario general, Moisés Ignacio Palacios. Todos militantes orteguistas.
Esta es la quinta universidad estatal que la dictadura de Ortega y Murillo inventa para reagrupar a los miles de estudiantes que quedaron “en el limbo” tras el cierre abrupto y confiscación de las universidades privadas en las cuales estudiaban.
En total, el régimen ha cerrado en complicidad del Consejo Nacional de Universidades (CNU), el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), el Ministerio de Gobernación y ahora el Poder Judicial, 27 universidades privadas (21 nacionales y 6 extranjeras) en las que estudiaban unos 40,000 estudiantes.
