En un paso que ha sorprendido a la opinión pública costarricense, el fiscal general Carlo Díaz lideró un allanamiento este miércoles en el bufete Lexincorp, cuyo socio fundador es el actual canciller de la República, Arnoldo André Tinoco.
Este evento es parte de una investigación en curso sobre el supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral que llevó al poder al actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.
La acción, que abarcó gran parte de la jornada, tuvo lugar en las oficinas de Lexincorp en San Pedro de Montes de Oca, San José, capital costarricense, con la intención de recabar pruebas documentales y electrónicas.
La pesquisa se centra en posibles delitos relacionados con el financiamiento ilegal de partidos políticos, específicamente en relación con una estructura paralela de financiamiento electoral que estaría vinculada al gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Los involucrados en esta investigación incluyen al canciller Arnoldo André Tinoco, el presidente Chaves, la diputada y líder del PPSD, Luz Mary Alpízar Loaiza, y el legislador oficialista Waldo Agüero Sanabria.
Debido a la inmunidad que poseen como miembros de los supremos poderes, el allanamiento fue dirigido por el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, con el acompañamiento de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El ejercicio contó con la autorización de la Sala Tercera, según indicó el Ministerio Público en una comunicación por correo electrónico.
Sin embargo, la diligencia no pudo concluirse en su totalidad el día de su realización y se prevé que sea reanudada próximamente.
El Ministerio Público informó que no se proporcionará más información de momento, en cumplimiento con la privacidad de las actuaciones estipulada en el artículo 295 del Código Procesal Penal.
La figura central en esta investigación es André Tinoco, fundador de Lexincorp y presidente de ATA Trust Company, una sociedad anónima que fungió como fiduciario del controvertido fideicomiso Costa Rica Próspera.
Este fideicomiso fue utilizado para canalizar recursos destinados a financiar aspectos clave de la campaña electoral, como la renta de la casa de campaña, publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquiler de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina.
Este fideicomiso en cuestión atrajo contribuciones de diversas personas, entre las que se encuentran Jack Loeb Casanova, Bernal Jiménez Chavarría, Arnoldo André Tinoco, Adrián Torrealba Navas, José Coto Quesada, Damaris Robles Aguilar, Luis Diego Soto Clausen, Hey Friedrich y Sergio Naranjo.
Además, se registraron aportes por parte de las sociedades Galería Tres Mil y Península Group, ambas presididas y representadas por Tinoco.
Este acontecimiento, en medio de acusaciones de financiamiento electoral irregular y desafíos legales, ha generado un intenso escrutinio público en Costa Rica, que podría tener un impacto significativo en el panorama político del país y sus instituciones.
