Estados Unidos actualizó este miércoles su lista negra de actores “corruptos y antidemocráticos” e incluyó a 39 centroamericanos, incluyendo a dos expresidentes salvadoreños, a la procuradora general nicaragüense, al juez guatemalteco que ha perseguido a luchadores contra la corrupción y periodistas, y al presidente de uno de los principales partidos opositores hondureños.
La llamada Lista Engel sanciona a 13 nicaragüenses, 10 guatemaltecos, 10 hondureños y seis salvadoreños en total, para sumar 39 ciudadanos centroamericanos.
El Departamento de Estado da por ley un informe al Congreso estadounidense sobre personas extranjeras que se han comprometido a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones demócratas, la corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los sancionados no son elegibles para visas y admisión en los Estados Unidos y cualquier visado vigente es revocado inmediatamente.
“Este informe incluye a las personas que se ha determinado que han participado en la actividad relevante sobre la base de información o acusaciones creíbles de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes”, señala el reporte.
Dos expresidentes salvadoreños
En el caso de El Salvador, dos expresidentes de la República y que pertenecen al partido FMLN, de la exguerrilla izquierdista, encabezan la lista de sancionados. Se trata de Mauricio Funes Cartagena (2009-2014), condenado en dos procesos por corrupción y procesado por otra media docena de casos. Según el Departamento de Estado “se involucró en una corrupción significativa al orquestar y participar en varios planes que involucraban soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas estatales”.
El otro expresidente es su sucesor, Salvador Sánchez Cerén (2009-2014), también procesado por corrupción, y según el informe, “participó en una corrupción significativa al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de 1,3 millones de dólares en fondos públicos, y participó en un plan para desviar 183 millones de dólares en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión a cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente”.
Ambos exmandatarios están refugiados en Nicaragua donde el dictador Daniel Ortega los protege y les concedió la nacionalidad nicaragüense para evitar ser extraditados a El Salvador.
La lista salvadoreña la completan el empresario y exfuncionario de Funes, José Miguel “Mecafe” Antonio Menéndez Avelar, y tres exfuncionarios del Banco Hipotecario de El Salvador, también involucrados por corrupción en el gobierno de Funes: Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, Carlos Enrique Cruz Arana, ex vicepresidente del mismo banco y Jolman Alexander Ayala, ex oficial de cumplimiento de la misma entidad.
Fiscales y jueces guatemaltecos
En el caso de Guatemala figuran jueces y fiscales que han perseguido a luchadores contra la corrupción, incluyendo a exjueces y exfiscales, así como a periodistas. La lista incluye también a varios funcionarios actuales, al rector de la Universidad de San Carlos y empresarios involucrados en actos de corrupción.
La fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, una actual fiscal es señalada de socavar los procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivos políticos contra los periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
También figura el juez Fredy Raul Orellana Letona señalado de socavar los procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y por motivos políticos contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca. Orellana es el juez que intentó anular la personería jurídica del partido Semilla, del candidato Bernardo Arévalo.
El listado también incluye a otro juez que persiguió periodistas, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, y al exjuez Lesther Castellanos Rodas, ex juez y actual Relator Guatemalteca contra la Tortura, por tomar represalias contra un fiscal anticorrupción que presentó quejas administrativas sobre el manejo de un caso penal.
La Lista Engel incluye al Rector de la Universidad de San Carlos Walter Ramiro Mazariegos Biolis, quien fue electo bajo un proceso fraudulento en julio de 2022.
Además, Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, es señalado por corrupción significativa al proporcionar beneficios oficiales a cambio de sobornos y sobornos, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
Otros señalados son el exministro del Interior, Gendri Rocael Reyes Mazariegos, el cuestionado jefe del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo Ayala, acusado de recibir sobornos de funcionarios públicos.
También incluyen a Melvin Quijivix Vega, presidente del Instituto Nacional de Electrificación y a Omar Ricardo Barrios Osorio, presidente de la junta directiva de la Comisión Portuaria Nacional.
Los corruptos en Honduras
En el caso hondureño, la Lista Engel incluye a seis exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, un alcalde, tres dirigentes opositores y un empresario, todos por actos de corrupción.
La Lista menciona a la exministra de Salud, Edna Yolany Batres Cruz, por defraudar al gobierno hondureño de más de $300 mil y adjudicar indebidamente contratos gubernamentales. También a Alex Alberto Moraes Giron, ex gerente administrativo de Inversión Estratégica de propiedad estatal de Honduras, señalado de apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
Otros exfuncionarios son Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente general de la Compañía Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), por adjudicar contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y el despido de empleados de ENEE a cambio.
Marcelo Antonio Chimirri Castro, ex director de la Compañía de Telecomunicaciones de Honduras, por cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones de sus actos corruptos al intimidar a los periodistas.
El exdirector de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, involucrado en lavado dinero en nombre de la organización de tráfico de drogas Los Cachiros y otorgarles contratos.
Además, Roberto Antonio Ordonez Wolfovich, ex ministro de infraestructura y servicios públicos, ex ministro de energía y ex asesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, señalado por malversar fondos estatales a través de la sobrevaloración de proyectos de obras públicas.
El listado menciona también a Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, presidente del opositor Partido Liberal en Honduras, por manipular el resultado de las elecciones a la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también utilizó su influencia con los funcionarios del gobierno para eludir la rendición de cuentas por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable familiar.
Además, el diputado liberal Samuel García Salgado, por manipular el resultado de las elecciones de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
La lista la completan el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, Alexander López Orellana, por adjudicar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos. Y Victor Elias Bendeck Ramírez, un hombre de negocios privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, por actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancarios, inmobiliarios y de otros, y utilizando su influencia con los funcionarios del gobierno para su beneficio personal.
Los represores de la oposición nicaragüense
En el caso nicaragüense, incluye a la actual procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, por confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal y apoderarse de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
El listado incluye a los directivos de la Asamblea Nacional nicaragüense Arling Patricia Alonso Gómez, Gladis de los Angeles Baez, Loria Raquel Dixon Brautigam y Alejandro Mejía Ferreti, por socavar los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
La lista se extiende a las juezas Angela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís Dávila por socavar los procesos o instituciones democráticas al utilizar el Tribunal de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores
Además, a Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua, por facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal. Su subdirector, Aldo Martín Sáenz Ulloa, es incluido por los mismos cargos, así como Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección Nacional de Oficinas de Registro de Propiedades (DNR) y Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR.
La lista la completan la superintendente de bancos y otras instituciones financieras, Marta Mayela Díaz Ortiz, por proporcionar la información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex prisioneros políticos a funcionarios del poder judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo coordinado del gobierno para suprimir la disidencia mediante la incautación de sus bienes. Finalmente, Sagrario de Fatima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto de Seguridad Social de Nicaragua es señalada apoderarse de las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal.
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