En Guatemala, cada vez más familias dejan atrás sus comunidades para escapar de amenazas directas, asesinatos y la presión de grupos criminales. Según organizaciones locales, la extorsión es hoy la causa número uno de movilidad forzada, seguida de cerca por los impactos de fenómenos climáticos como tormentas, inundaciones y sequías.
Un informe del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) destaca que las extorsiones y la violencia ejercida por pandillas son los principales motores del desplazamiento. Muchas familias huyen tras perder a un miembro productivo del hogar o al sufrir persecuciones constantes. Esto provoca el cierre de negocios, la desintegración de comunidades y el avance del control criminal sobre vastos territorios.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), mujeres y jóvenes son los sectores más vulnerables a este fenómeno. Los adolescentes enfrentan de manera directa las amenazas de las pandillas, mientras que los niños suelen sufrir los efectos de los desastres naturales que obligan a sus familias a mudarse de forma repentina.
El impacto climático también pesa en esta crisis. Durante el 2020, en la aldea Campur, Alta Verapaz, más de 900 casas quedaron bajo el agua durante meses tras el paso de las tormentas Eta e Iota, obligando a cientos de familias a desplazarse sin tener opciones de retorno inmediato. Situaciones similares continúan repitiéndose en distintas comunidades rurales.
Los departamentos de Guatemala, Huehuetenango y Escuintla destacan como los principales expulsores de población por violencia, mientras que Alta Verapaz e Izabal concentran los mayores casos de desplazamientos por desastres naturales. Muchos de los afectados terminan en asentamientos informales en zonas urbanas de alto riesgo, reproduciendo el mismo ciclo de vulnerabilidad del que intentaban escapar.
Expertos advierten que este fenómeno no solo compromete la estabilidad social y económica del país, sino que también ejerce presión en naciones vecinas, hacia donde muchos desplazados intentan migrar de manera definitiva. La combinación de violencia e impacto climático coloca a más de un millón de guatemaltecos en una situación de riesgo permanente, lo que representa un desafío de alcance regional.