Vigilia en San José por desaparecidos en Nicaragua reaviva denuncias de crímenes de lesa humanidad

Entre velas, retratos y gritos por justicia, activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica reclamaron este viernes la liberación de 52 presos políticos, entre ellos 13 en condición de desaparición forzada, y denunciaron la continuidad de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Vigilia de exiliados nicaragüenses en San José, Costa Rica.

Activistas nicaragüenses exiliados realizaron este viernes una vigilia emergente en San José, capital de Costa Rica, para exigir la liberación de sus familiares desaparecidos y presos por razones políticas en Nicaragua.
La manifestación contó con la solidaridad del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y familiares de presos políticos, quienes exigen justicia por los 52 nicaragüenses que permanecen encarcelados en condiciones extremas.
De ellos, 13 se encuentran en condición de desaparición forzada, según denunciaron los convocantes.
Entre ellos se encuentra la periodista cultural Fabiola Tercero, detenida desde el 12 de julio de 2024 sin información oficial sobre su paradero.
Los asistentes encendieron velas y colocaron retratos de los desaparecidos con mensajes exigiendo libertad para los detenidos.

Represión continúa sin tregua

El mismo día de la vigilia, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, denunció la detención arbitraria de Aníbal Martín Rivas Reed, un ciudadano de 61 años que había expresado públicamente críticas contra el régimen sandinista.
Rivas fue capturado el 17 de mayo en Matagalpa, norte de Nicaragua, sin que se informara oficialmente sobre su detención ni su paradero.
“Estamos ante un patrón sistemático: detenciones sin orden judicial, incomunicación prolongada, torturas, desapariciones forzadas y juicios amañados. Es la continuidad de crímenes de lesa humanidad”, afirmó el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más.
En lo que va de mayo, al menos 15 personas han sido capturadas en operativos dirigidos contra opositores, entre ellos dos exalcaldes del disuelto partido Ciudadanos por la Libertad y militares retirados.
Estas detenciones elevan la cifra de presos políticos documentados a 52, aunque organismos independientes advierten que el número podría ser mayor debido al hermetismo del aparato estatal.
Hasta la fecha, ni la Fiscalía General de la República, ni la Policía Nacional, ni los medios estatales han dado información sobre la situación de las personas detenidas, incluyendo a Fabiola Tercero y Aníbal Rivas.
La dictadura Ortega y Murillo mantiene una política de silencio frente a los señalamientos internacionales y ha tildado de “terroristas” y “agentes extranjeros” a quienes documentan o denuncian las violaciones.
A pesar del miedo y el dolor, las familias de los desaparecidos aseguraron que no dejarán de alzar la voz.

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