Uno de cada cuatro privados de libertad en Costa Rica permanece en prisión preventiva, sin haber recibido una condena, en medio de un crecimiento sostenido de la población penitenciaria y del hacinamiento en las cárceles del país, según el Informe Anual de Labores 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
El documento señala que la cantidad de personas detenidas bajo prisión preventiva pasó de 2,564 en 2022 a 5,034 en 2026, casi el doble en un período de cinco años. Al momento de la elaboración del informe, el sistema penitenciario albergaba a 19,453 personas, pese a que la capacidad instalada es de apenas 13,289 espacios, lo que representa una sobrepoblación del 46.4 %.
El informe también destaca que la tasa de encarcelamiento en Costa Rica alcanza las 366 personas por cada 100,000 habitantes. Asimismo, advierte un aumento del 20 % en la población recluida en centros cerrados durante los últimos dos años, mientras que el sistema semiinstitucional registra una disminución constante desde hace una década, al pasar de 4,909 personas en 2016 a solo 1,245 en 2026.
Entre los centros penitenciarios con mayor nivel de hacinamiento figuran el CAI San José, con un 134.3 %; el CAI Marcus Garvey, con 120 %; el CAI Antonio Bastida de Paz, con 101.4 %, y el CAI Liberia, con 100 %. El mecanismo también alertó sobre la situación del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, conocido como El Buen Pastor, cuya población femenina supera en un 40.37 % la capacidad instalada.
El organismo sostiene que la política penitenciaria aplicada por la administración de la presidenta Laura Fernández, y heredada del gobierno anterior de Rodrigo Chaves, “prioriza la seguridad sobre la dignidad humana”. Además, advierte que una estrategia basada en la alta contención podría fortalecer al crimen organizado en lugar de debilitarlo, y señala la ausencia de una política criminológica integral que atienda las causas estructurales de la delincuencia.
El informe también cuestiona que las restricciones sobre visitas, ingreso de alimentos, uso de dinero y eliminación de pulperías (tiendas) se apliquen por igual a personas condenadas y a quienes permanecen en prisión preventiva, pese a que estas últimas aún no han sido declaradas culpables. Asimismo, indica que los traslados a módulos de alta contención inicialmente se realizaron con criterios discrecionales y que persiste el riesgo de que esas medidas excepcionales se conviertan en permanentes.
Desde el Gobierno, la presidenta Laura Fernández ha reiterado sus críticas al Poder Judicial y ha insistido en la necesidad de impulsar reformas.
Por su parte, el Poder Judicial defendió la aplicación de la prisión preventiva y rechazó que se utilice de manera arbitraria. La magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Vargas, recordó que “la prisión preventiva no es una pena anticipada” y explicó que esta medida cautelar solo puede ser ordenada por un juez tras valorar cada caso de forma individual.