Estados Unidos amplió en los últimos días su política de deportaciones hacia terceros países al enviar a varios migrantes de nicaragüenses, entre más de un centenar de distintas nacionalidades, a ocho países de África.
De acuerdo con la información, algunos de esos países afrontan conflictos armados e inestabilidad política, según documentos internos del Gobierno estadounidense obtenidos por CBS News.
Los registros muestran que tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladaron durante un período de diez días a personas deportadas.
Los países destinos fueron Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.
Ninguno de los deportados procedía de los países que los recibieron.
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Una política que se extiende
Los vuelos incluyeron ciudadanos de Afganistán, Cuba, Nicaragua, Irán, Nepal, Turquía y Venezuela, además de ciudadanos africanos enviados a países distintos de los de origen.
La Administración Trump ha recurrido cada vez más a acuerdos con terceros países para expulsar a migrantes que Estados Unidos no puede o no quiere devolver directamente a sus naciones de origen.
Más de 30 países han aceptado recibir deportados estadounidenses, incluidos Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Paraguay.
En África, Washington ha negociado acuerdos con países como Eswatini, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
Algunos de estos países afrontan conflictos, violencia e inestabilidad política. Estados Unidos mantiene, por ejemplo, una alerta de viaje de nivel 4 para la República Centroafricana, que recomienda a sus ciudadanos no viajar allí.

Un afgano protegido por un juez
Entre los deportados en el vuelo más reciente a República Centroafricana figuró un afgano de 24 años identificado como Khalil, cuya familia colaboró con las fuerzas estadounidenses en Afganistán.
Un juez de inmigración le concedió en agosto de 2025 una suspensión de la deportación después de determinar que podía sufrir persecución si regresaba a Afganistán.
Esa protección impedía enviarlo a su país de origen, pero no prohibía su traslado a un tercer país.
Su abogada, Alma David, cuestionó la decisión y sostuvo que el caso evidencia los riesgos de una política que, a su juicio, debilita el sistema internacional de protección de refugiados.
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Washington defiende las expulsiones
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la política y afirmó que, cuando un migrante impugna judicialmente su retorno al país de origen, la ley obliga a Estados Unidos a encontrarle un país seguro.
El Departamento de Estado evitó confirmar la autenticidad de los documentos y declinó comentar comunicaciones diplomáticas privadas, pero reafirmó que aplicar las políticas migratorias de Trump constituye una prioridad.
La fuente oficial dijo que si un migrante acepta ser deportado a su país de origen, Estados Unidos lo envía en vuelo gratuito y con un cheque de 3,000 dólares.







