La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo dejó en suspenso la devolución de la finca “El Nacimiento”, una propiedad vinculada al expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei y ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez. La medida vuelve a colocar al exmandatario en el centro de cuestionamientos por presunta corrupción y posible uso de fondos ilícitos.
La decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público (MP) presentara una acción de amparo provisional contra la resolución emitida por el juez Delmar González, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, quien había ordenado levantar el embargo sobre la propiedad el pasado 7 de mayo.
La finca está registrada a nombre de la entidad El Rubicón, señalada por las autoridades como vinculada al exgobernante. Según el MP, existen sospechas de que la vivienda construida dentro del inmueble pudo haber sido financiada con recursos cuya procedencia no ha sido aclarada.
El caso tiene antecedentes desde mayo de 2025, cuando la Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó la inmovilización del inmueble para continuar con diligencias de investigación. La propiedad se encuentra en la ruta al volcán Santa María, en Sacatepéquez.
Además de las dudas sobre el origen de los fondos, la investigación también apunta a un proyecto carretero adjudicado durante el gobierno de Giammattei. Según el expediente, desde 2020 existe un proceso relacionado con la construcción de una carretera valorada en 58.9 millones quetzales (unos $7.5 millones de dólares), que habría favorecido el acceso a la finca.
La resolución ahora suspendida había beneficiado a la defensa de El Rubicón, que solicitó retirar las medidas cautelares sobre el inmueble. Sin embargo, el MP reaccionó pocos días después con la presentación del amparo, argumentando que la devolución podía afectar el avance de la investigación.
El caso vuelve a tomar relevancia internacional debido a las sanciones impuestas contra Giammattei por Estados Unidos y Reino Unido. Washington lo señaló en 2024 de haber aceptado sobornos durante su mandato, mientras el gobierno británico también le impuso sanciones financieras y restricciones migratorias por presuntos actos de corrupción y obstrucción judicial.