El Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH) cuestionó el alto grado de inseguridad que se vive al interior de los centros penales de Honduras y estima que al menos 1,050 privados de libertad han muerto violentamente desde 2003 en las peligrosas cárceles de este país centroamericano.
La historia penitenciaria reciente está teñida de sangre en un sistema carcelario controlado por los prisioneros y la más reciente matanza es la de este 20 de junio, en una cárcel de mujeres donde una trifulca dejó 41 muertas.
Blanca Izaguirre, titular de la CONADEH, además de expresar las condolencias a las familiares de víctimas mortales condenó la gravedad de la situación en la que se violentó la integridad personal y el derecho a la vida de privadas de libertad.
1/3 CONADEH condena enérgicamente lo ocurrido en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, en donde mujeres salieron heridas y otras perdieron la vida la mañana de hoy. pic.twitter.com/rJnfAJIoeX
— CONADEH-La Defensoría Del Pueblo (@CONADEH) June 20, 2023
Izaguire exhortó a las autoridades penitenciarias a realizar una investigación exhaustiva que permita sancionar a quienes permitieron que los materiales usados en la tragedia fueran ingresados a la prisión y que también aseguren la identificación de los principales autores de ese delito.
La CONADEH estima que los hechos violentos que han sucedido en los diferentes centros penitenciarios, solo son el reflejo de la falta de seguridad que afecta al país centroamericano, ya que esto no garantiza adecuadamente los derechos humanos de la población que se encuentra cumpliendo condenas.
#Honduras
Desgarradoras imágenes de familiares de las presas de la cárcel de mujeres de Tamara en Honduras, que fueron víctimas de un ataque armado de pandilleras rivales.
Medios hondureños afirman que según testigos las asesinas usaron fusiles y prendieron fuego a las mujeres. pic.twitter.com/ras2pRH8Fs— Noti OccidenteSV (@NOccidente23046) June 21, 2023
Recordó al Estado hondureño, que a través de sus autoridades, tienen que asegurar y actuar de forma constante para proteger la seguridad de las personas privadas de libertad.
La defensora de los Derechos Humanos mostró su alta preocupación por el reiterado incumplimiento por parte del Estado de Honduras en cuanto a las garantías fundamentales y el respeto a la dignidad humana de los prisioneros.