El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador fijó para el 31 de agosto el inicio de la lectura del fallo en uno de los juicios masivos más grandes del país. La resolución corresponde a un proceso contra 485 cabecillas de la temida Mara Salvatrucha (MS-13).
El caso reúne más de 47,400 imputaciones por delitos atribuidos a los acusados.
Según la Fiscalía General de la República, los hechos investigados ocurrieron durante 11 años, entre 2012 y 2022.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, confirmó la fecha establecida por el tribunal.
“Fiscalía General de la República ha recibido por parte del juez dos del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador fecha del 31 de agosto para iniciar el fallo”, declaró Muñoz.
La acusación abarca 11 años
El proceso judicial agrupa acusaciones relacionadas con asesinatos, extorsiones, intentos de homicidios y otros delitos atribuidos a integrantes de la estructura criminal.
La Fiscalía sostiene que el expediente busca resolver miles de imputaciones acumuladas durante el periodo analizado.
Muñoz explicó que el tribunal resolverá más de 47,420 imputaciones dentro del mismo proceso.
#EN6 | El Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, confirmó que el “Juez 2” del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador fijó para este 31 de agosto la entrega del fallo judicial contra 485 líderes de la estructura criminal Mara Salvatrucha… pic.twitter.com/KOAHABFFb5
— El Noticiero (@elnoticiero_6) August 26, 2026
El funcionario señaló que los cargos corresponden a hechos cometidos entre 2012 y 2022.
“Se estarían resolviendo más de 47,420 imputaciones que se les ha generado por todos los delitos cometidos en un periodo de 11 años”, afirmó.
Un proceso en el contexto de la ofensiva contra las pandillas
El juicio forma parte de los procesos judiciales impulsados contra estructuras de pandillas en El Salvador.
La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, figura entre las principales organizaciones criminales perseguidas por las autoridades salvadoreñas.
El proceso se desarrolla en el contexto de la política de seguridad implementada contra las pandillas desde marzo de 2022.