Este 26 de marzo se cumplen cuatro años del día más sangriento en El Salvador desde el fin de la guerra civil en 1992. La jornada dejó una cifra récord de homicidios y marcó un punto de inflexión en la seguridad nacional.
Según datos de la Policía Nacional Civil, ese sábado se registraron 62 homicidios en todo el país. La violencia se extendió por la mayoría del territorio nacional y afectó a decenas de comunidades.
Además, el repunte inició el viernes 25 de marzo con 14 asesinatos. Posteriormente, el domingo 27 sumó entre 11 y 22 casos más. En total, el fin de semana cerró con aproximadamente 87 homicidios.
Ataques indiscriminados contra la población
Las autoridades atribuyeron la ola de violencia a estructuras criminales como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
Los grupos ejecutaron ataques en espacios públicos. Las víctimas incluyeron vendedores, pasajeros del transporte colectivo y trabajadores en actividades cotidianas.
Tensiones y ruptura de la seguridad
Antes de este episodio, El Salvador mostraba una reducción sostenida en homicidios. El gobierno impulsaba el Plan Control Territorial como eje central de su estrategia.
Sin embargo, el repunte de violencia generó incertidumbre. Analistas interpretaron los hechos como una presión de pandillas hacia el gobierno de Nayib Bukele.
El Ejecutivo negó cualquier vínculo con negociaciones previas. Aun así, investigaciones periodísticas señalaron posibles tensiones entre el Estado y estructuras criminales.
Respuesta inmediata del gobierno
Tras la jornada violenta, el gobierno ordenó medidas urgentes en centros penales. Además, solicitó acciones extraordinarias para contener a las pandillas.
El 28 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción. Esta medida suspendió garantías constitucionales y permitió capturas sin orden judicial.
Desde entonces, las autoridades han prorrogado el régimen en múltiples ocasiones. La estrategia derivó en miles de detenciones de presuntos pandilleros en todo el país. Este jueves se aprobó la prórroga 49 del mismo.
Impacto en la seguridad y debate internacional
El 26 de marzo de 2022 se consolidó como un punto de quiebre en la política de seguridad salvadoreña. A partir de ese momento, el país implementó una ofensiva directa contra estructuras criminales.
En los años siguientes, los homicidios registraron una reducción significativa. No obstante, organismos internacionales han señalado posibles violaciones a derechos humanos.
A cuatro años de los hechos, el “sábado negro” sigue siendo una referencia clave en el análisis de seguridad en El Salvador. Su impacto continúa influyendo en las decisiones del Estado y en el debate público sobre seguridad y derechos fundamentales.
Desde entonces, más de 91,000 presuntos pandilleros han sido arrestados. Muchos de ellos están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de Bukele.