El exfiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, regresó al país la tarde del sábado 23 de mayo tras ingresar por la aduana de Guasaule, en El Triunfo, Choluteca, según información confirmada por autoridades migratorias y difundida por medios de su país.
El ingreso del exfuncionario se realizó de manera regular y sin incidentes.
Hasta el momento, las autoridades hondureñas señalaron que las razones del retorno de Chinchilla son “estrictamente confidenciales” y aseguraron que continúan las verificaciones relacionadas con su salida desde Nicaragua.
En las últimas horas circularon versiones sobre una supuesta expulsión del exfiscal general y su familia desde territorio nicaragüense, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte del Gobierno de Nicaragua ni de la Cancillería hondureña.
Fuentes vinculadas a Relaciones Exteriores indicaron que no poseen información oficial que respalde la versión sobre una eventual expulsión, por lo que el ingreso del exfuncionario corresponde, hasta ahora, a un trámite migratorio normal.
Óscar Fernando Chinchilla dirigió el Ministerio Público de Honduras durante dos períodos consecutivos entre 2013 y 2023, etapa en la que encabezó investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico y crimen organizado.
Tras concluir su mandato como fiscal general en agosto de 2023, salió hacia Nicaragua, donde posteriormente asumió funciones dentro de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), organismo regional con sede en Managua.
El exfiscal era percibido como un personaje cercano al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente indultado por el presidente estadounidense Donald Trump.
El exfiscal ya había sido designado magistrado de la CCJ antes de ocupar la titularidad del Ministerio Público, aunque durante su gestión solicitó permiso para desempeñar el cargo. Más adelante fue juramentado como vicepresidente de la institución regional.
Algunas versiones extraoficiales señalan que el eventual retorno de Chinchilla estaría vinculado con la salida de Honduras del convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, aunque esta información tampoco ha sido confirmada oficialmente.