El Poder Judicial de Costa Rica suspendió este miércoles la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el presidente Rodrigo Chaves, al estimar que el proceso podría generar un daño grave e inmediato al ecosistema mediático del país.
La orden la emitió el magistrado Paul Rueda Leal, instructor de la Sala Constitucional, quien dispuso la paralización inmediata de las licitaciones convocadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para frecuencias AM, FM y televisión digital.
Las tres licitaciones—2025LY-000001-SUTEL, 2025LY-000002-SUTEL y 2025LY-000003-SUTEL—quedaron congeladas hasta que el tribunal resuelva un recurso de amparo en trámite.
Riesgo de reducción del pluralismo
La Sala argumentó que, según el número de ofertas recibidas por la Sutel, existe un “grave riesgo” de disminuir significativamente los servicios de radiodifusión disponibles.
De acuerdo con los datos remitidos al tribunal, solo se presentaron 20 ofertas para FM, una para AM y cuatro para televisión, lo que podría traducirse en una reducción de “al menos dos tercios” de la oferta actual.
El tribunal advirtió que esta situación podría generar daños severos, por lo que decidió suspender de manera cautelar todo el procedimiento.
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Como en Venezuela con Chávez
Televisora de Costa Rica (Canal 7), uno de los mayores operadores del país, calificó como “desastrosa” la situación y afirmó que la forma en que el Ejecutivo y la Sutel plantearon el proceso amenaza el pluralismo informativo y, con ello, la estabilidad democrática.
En un comunicado, la televisora sostuvo que el modelo de subasta—que privilegia criterios económicos y recaudatorios—restringe el acceso al espectro radioeléctrico de decenas de empresas nacionales y regionales, obligándolas incluso a cerrar operaciones.
La empresa comparó el escenario con el deterioro democrático ocurrido en Venezuela, donde numerosas emisoras independientes fueron clausuradas.
Otras organizaciones también expresaron su preocupación.
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) denunció que los precios base establecidos por la Sutel, que van desde 9.600 dólares para frecuencias AM hasta 1,6 millones en televisión nacional, excluyen a medios comunitarios, culturales y religiosos.
Emisoras locales como Radio HIT, Onda Brava, Santa Clara y TV Sur han anunciado acciones legales o su migración forzada a plataformas digitales.
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Antecedentes y próximos pasos
El recurso de amparo se registró bajo el expediente 25-031501-0007-CO y cuestiona la legalidad y proporcionalidad del cartel de licitación.
La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de la Presidencia y a la Sutel rendir un informe conjunto en un plazo de tres días hábiles.
Mientras tanto, el presidente Chaves anunció que abordará el tema en su próxima conferencia semanal y convocó a radios católicas y evangélicas para escuchar inquietudes del sector.
La suspensión judicial detiene el proceso más ambicioso de redistribución de frecuencias en dos décadas y abre un debate nacional sobre libertad de expresión, competencia mediática y gobernanza del espectro.