Revés para Ministerio Público de Guatemala: Absuelven al exfiscal anticorrupción y a dos exauxiliares

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal absolvió a Stuardo Campo y a dos de sus excolaboradores, al determinar que no existían pruebas de incumplimiento de deberes en el caso Alfa Siete y que la responsabilidad recaía en deficiencias internas de la fiscalía.

Stuardo Campo, exfiscal anticorrupción de Guatemala, absuelto de los cargos de incumplimiento de deberes (imagen tomada de redes sociales).

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal resolvió este viernes absolver al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y a los exauxiliares fiscales Gonzalo Chilel y Carlos Faustino Pérez, quienes enfrentaban proceso por el delito de incumplimiento de deberes en el denominado caso Alfa Siete. La resolución confirmó que no existían pruebas que acreditaran que los tres funcionarios conocieran de la inclusión errónea de una persona no vinculada a la estructura criminal investigada.

Durante la lectura de sentencia, el tribunal dejó constancia de que el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, no logró sustentar la acusación y subrayó que la responsabilidad de las deficiencias investigativas recaía en la propia fiscalía general, debido a la desarticulación interna y la falta de recursos institucionales.

“Nunca debieron ser perseguidos penalmente”, declararon fuentes cercanas a la defensa, resaltando que el proceso carecía de fundamento legal desde su inicio y que se trataba de una acción motivada por represalias políticas.

El caso había generado amplio debate público, ya que Stuardo Campo fue uno de los fiscales destacados por su papel en investigaciones anticorrupción previas. Diferentes sectores señalaron que su enjuiciamiento formaba parte de una estrategia para desmantelar las fiscalías que impulsaron procesos contra estructuras criminales y redes de corrupción en el país.

El presidente Bernardo Arévalo reaccionó ante la noticia a través de redes sociales, afirmando que “el tiempo le da la razón” a Campo. 

“No había pruebas, solo persecución política. Una fiscalía convertida en instrumento de venganza, no de justicia, criminaliza a quienes combatieron la corrupción y protege a quienes la promovieron”, expresó.

Con la absolución de Campo, Chilel y Pérez, el tribunal cierra un capítulo que había sido criticado por organizaciones nacionales e internacionales defensoras del Estado de derecho y la independencia judicial. 

La resolución refuerza los cuestionamientos al Ministerio Público sobre el uso de procesos penales como mecanismo de represalia y abre un nuevo debate sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia penal en Guatemala.

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