La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó que el sistema judicial de Guatemala atraviesa una “crisis profunda”.
La funcionaria presentó su informe final tras una visita oficial al país realizada en mayo de 2025. Según explicó, varios factores han debilitado la independencia judicial.
Entre ellos mencionó la instrumentalización de la justicia, la concentración de poderes y la persecución de operadores de justicia. Estos elementos, dijo, han deteriorado el funcionamiento del sistema judicial guatemalteco.
Además, señaló que la situación actual refleja un contexto crítico para jueces, fiscales y otros actores del sistema de justicia.
Visita oficial y elaboración del informe
Satterthwaite elaboró el informe tras una misión de 12 días en Guatemala. La visita ocurrió por invitación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León.
Durante su estancia sostuvo reuniones con jueces, fiscales, defensores públicos y abogados. También dialogó con legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas.
Asimismo, la relatora se reunió con altos funcionarios de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Las reuniones se realizaron en Ciudad de Guatemala y en los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz.
Según la relatora, estos encuentros permitieron analizar el estado de la independencia judicial y el funcionamiento del sistema de justicia.
Señalamientos sobre criminalización desde el Ministerio Público
En su informe, la experta reiteró una preocupación expresada al finalizar su visita en 2025. Indicó que la información recopilada apunta a una política de criminalización desde el Ministerio Público.
Satterthwaite afirmó que diversos testimonios y datos recibidos muestran acciones contra operadores de justicia.
La relatora también mencionó el contexto institucional del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras Argueta.
Porras ha sido sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, de acuerdo con referencias internacionales citadas durante el análisis del sistema judicial.
Designaciones judiciales marcarán el rumbo del sistema
El informe destaca que varias designaciones previstas para 2026 serán clave para el futuro del sistema judicial de Guatemala.
En las próximas semanas y meses, el país deberá elegir nuevos integrantes de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.
Además, se designarán nuevas autoridades para el Tribunal Supremo Electoral y para el Ministerio Público.
Según Satterthwaite, estos procesos pueden definir el rumbo institucional del sistema judicial.
La relatora afirmó que estas decisiones serán determinantes para el fortalecimiento o reversión de los actuales patrones de captura institucional e impunidad.
Confianza en la capacidad institucional de Guatemala
Pese al diagnóstico crítico, la relatora expresó confianza en la capacidad institucional del país para revertir la situación.
Satterthwaite señaló que la Constitución de Guatemala ha demostrado en el pasado que puede garantizar el respeto al Estado de derecho.
En ese sentido, subrayó que el fortalecimiento de la independencia judicial y la transparencia en las designaciones serán factores clave para recuperar la confianza en el sistema de justicia