El juicio masivo contra 486 cabecillas de la MS-13 continúa en El Salvador como uno de los procesos penales más grandes de su historia. La Fiscalía General (FGR) atribuye a los acusados más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Entre estos crímenes se contabilizan al menos 29,000 homicidios, además de extorsiones, secuestros y desapariciones. Las autoridades sostienen que los imputados integraban la “ranfla nacional”, el máximo nivel de mando de la estructura criminal.
El tribunal desarrolla el caso bajo un esquema de audiencia única. Este modelo permite juzgar de forma conjunta a los líderes señalados.
Pero el juicio ha trascendido el ámbito jurídico y se ha convertido en tema político.
El gobierno lo está explotando comunicacionalmente como un recordatorio de los sangrientos días que vivía el país cuando las pandillas controlaban mucho más allá del crimen. El violento accionar de las estructuras de crimen organizado, las maras, incidió en toda la agenda social y económica.
Incluso, el mismo presidente Nayib Bukele ha defendido el juicio, ante reclamos y cuestionamientos de defensores de derechos humanos.
Nueva jornada con testigos y hechos específicos
Este viernes, la audiencia continúa con la presentación de prueba testimonial por parte de la FGR. Según la acusación, los cabecillas enfrentan cargos por ordenar al menos 9,043 hechos criminales documentados dentro del proceso.
#CombateAPandillas | Este día, continúa la audiencia única abierta contra 486 cabecillas de la MS-13 acusados de ordenar 9,043 hechos criminales.
Durante la jornada de hoy, la @FGR_SV presenta tres testigos que expondrán sobre cómo, entre 2012 y 2022, estos criminales ordenaban… pic.twitter.com/csWSnuVsxd
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 23, 2026
Durante la jornada, la Fiscalía presenta 3 testigos. Sus declaraciones buscan explicar cómo los líderes de la pandilla ordenaban homicidios en todo el territorio nacional.
Entre los hechos expuestos figuran asesinatos de agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada. La institución fiscal intenta establecer la conexión directa entre los cabecillas y estos crímenes.
Estrategia legal basada en responsabilidad de mando
El caso se apoya en el principio de responsabilidad de mando. Este enfoque permite atribuir a los líderes los delitos cometidos por sus subordinados dentro de la organización.
El Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado explicó que las órdenes se emitían desde centros penales y también desde estructuras en libertad. Según indicó, los cabecillas mantenían control sobre las operaciones en ambos entornos.
La Fiscalía sostiene que los líderes decidían sobre la vida de las personas en los territorios bajo su influencia. Por ello, busca imputarles la totalidad de los delitos cometidos por la MS-13.
Audiencias virtuales desde cárceles de máxima seguridad
El proceso se desarrolla mediante audiencias virtuales que conectan tribunales con centros penales de alta seguridad. Entre ellos se encuentra el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
#RégimenDeExcepción | Durante años, estructuras criminales como la MS-13 generaron terror cometiendo homicidios, desapariciones, torturas y extorsiones que afectaron a miles de familias salvadoreñas. Actualmente, 486 cabecillas enfrentan la justicia por estos delitos, como parte… pic.twitter.com/pzZtSadiuM
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 24, 2026
Los imputados participan desde áreas equipadas con videotransmisión. Este sistema permite avanzar con el juicio masivo sin traslados físicos constantes.
Autoridades han indicado que entre los procesados hay ranfleros históricos, corredores de programa y líderes de clica.
Cabecillas con múltiples delitos atribuidos
Dentro del grupo de acusados figuran líderes con cientos de delitos imputados. Carlos Tiberio Ramírez Valladares enfrenta cargos por más de 500 homicidios agravados.
También destaca Borromeo Henríquez Solórzano, con cerca de 600 delitos señalados, incluidos asesinatos y desapariciones. Dionisio Arístides Umanzor Osorio aparece vinculado a más de 100 homicidios.
La Fiscalía vincula a varios de estos cabecillas con ataques contra fuerzas de seguridad y otros hechos de alto impacto.
Contexto de seguridad y régimen de excepción
El juicio se desarrolla en el marco del régimen de excepción implementado en marzo de 2022. Esta medida siguió a un aumento de homicidios en el país.
#RégimenDeExcepción | Estos son los criminales que por años generaron zozobra, dolor y luto al pueblo salvadoreño. El Presidente @nayibbukele decidió enfrentarlos, sacarlos de las comunidades y sus políticas de seguridad permitieron ponerlos tras las rejas. Hoy enfrentan a la… pic.twitter.com/9TcEepJEzm
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 24, 2026
Desde entonces, las autoridades reportan más de 91,000 detenciones vinculadas a pandillas. El proceso contra los cabecillas busca judicializar a la estructura de mando.
El Gobierno sostiene que estas acciones han reducido los niveles de violencia.
Debate político y cuestionamientos internacionales
El juicio masivo ha trascendido el ámbito judicial y se ha instalado en la agenda política. El presidente Nayib Bukele ha defendido el proceso y su base legal.
El mandatario ha señalado que el criterio de responsabilidad de mando tiene precedentes históricos. También ha rechazado críticas de sectores que cuestionan el juicio.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones. Estas se centran en el debido proceso, las garantías judiciales y el uso de juicios colectivos.
Fiscalía busca penas máximas
La FGR asegura que cuenta con pruebas suficientes para sostener la acusación. La institución afirma que buscará penas máximas para cada uno de los procesados.
El avance del juicio será determinante para establecer responsabilidades penales en la cúpula de la MS-13. Mientras tanto, el caso continúa marcando el debate sobre seguridad y justicia en El Salvador.