La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control absoluto de la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este martes de forma expedita una nueva Ley de Territorio Fronterizo, que otorga al régimen la propiedad total y el dominio absoluto sobre una franja de 15 kilómetros tierra adentro desde todas las fronteras terrestres del país.
La nueva legislación, que deroga la ley vigente desde 2010, suprime toda garantía de derechos de propiedad privada, territorios indígenas y protección ambiental, y concentra en los co-dictadores Ortega y Murillo el control de estas zonas estratégicas bajo el argumento de “seguridad nacional”.
“Esta ley impone el control absoluto del territorio a favor de los intereses políticos y económicos de la dictadura, sin respetar derechos históricos ni el marco ambiental”, denunció el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
La norma, que consta apenas de cuatro artículos, elimina todas las disposiciones previas que establecían zonas diferenciadas dentro de la franja fronteriza —como áreas de desarrollo, seguridad militar o protección especial—, y las sustituye por una sola categoría: propiedad exclusiva del Estado, bajo control directo del régimen.
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Control de minería y confiscación
Ruiz advirtió que esta medida podría derivar en el desalojo forzoso de comunidades, pueblos indígenas y colonos que residen dentro de la franja, así como legalizar las concesiones mineras otorgadas recientemente a empresas extranjeras aliadas de los dictadores.
En concreto, el régimen entregó el lunes una nueva concesión minera a la empresa china Thomas Metal S.A., representada por el empresario Xiangming Gu, dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, una zona habitada por pueblos indígenas Rama-Kriol.
La empresa ya suma cuatro concesiones en el área, cubriendo más de 108,000 hectáreas dentro y alrededor de una de las reservas más valiosas de Centroamérica.
“La dictadura busca legalizar el despojo de territorios indígenas y ambientales, militarizar las zonas fronterizas y facilitar la expansión minera con total impunidad”, denunció Ruiz.
Murillo celebra su propia herramienta de control
Con la nueva ley, desaparece además la Comisión del Territorio Fronterizo, organismo que coordinaba la participación interinstitucional en la gestión de estas zonas.
Toda decisión pasará ahora directamente a manos de la Presidencia, eliminando cualquier contrapeso institucional.
Rosario Murillo, co-dictadora y vocera oficial del régimen, celebró la aprobación unánime de la ley en el Parlamento oficialista, calificándola como una herramienta vital para “combatir amenazas externas y delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero”.
Sin embargo, expertos independientes advierten que esta justificación es un pretexto para extender el control militar, policial y económico del Estado en función de los intereses personales y familiares de los tiranos Ortega y Murillo.
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Tierras en manos del régimen
“La anterior ley protegía derechos fundamentales: permitía propiedad privada en ciertas zonas, reconocía derechos indígenas y prohibía expresamente la infraestructura en áreas protegidas. Todo eso ha sido borrado”, lamentó Ruiz.
También se eliminan las prohibiciones específicas a extranjeros sobre compra de tierras en zonas fronterizas y se suprimen principios fundamentales como el desarrollo sostenible, la armonía con el medio ambiente y la consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas.
“La dictadura ahora podrá expulsar a comunidades enteras, justificar asentamientos ilegales de colonos aliados o entregar territorios a empresas extranjeras afines, todo con un blindaje legal fabricado a su medida”, concluyó Ruiz.
