La dictadura de Nicaragua, liderada por el caudillo Daniel Ortega y su par Rosario Murillo, presentó este miércoles una reforma al Código Procesal Penal (CPP) que otorga nuevas facultades a la Policía Nacional, ampliando su capacidad de espionaje y represión, especialmente en el ámbito digital. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional para su análisis.
El artículo 230 del CPP, que regula las “Atribuciones de la Policía Nacional”, detalla las nuevas prerrogativas concedidas a la fuerza policial sancionada, particularmente en cuanto a la vigilancia digital. Con la reforma, la Policía podrá solicitar información a proveedores de servicios informáticos y empresas de telecomunicaciones, accediendo a datos de los titulares de líneas telefónicas móviles y fijas, la relación de llamadas, mensajes de texto, geolocalización y la identificación de dispositivos vinculados a los usuarios.
Además, la reforma autoriza a la Policía a “acceder y extraer información de sistemas electrónicos e informáticos” y a rastrear y evaluar bienes delictivos o de valor equivalente para su decomiso, con la posibilidad de recurrir a técnicos externos.
El dictador Ortega busca con esta reforma consolidar la vigilancia estatal sobre la población, y legalizar prácticas de represión y confiscación de bienes, una estrategia que ha implementado contra opositores, periodistas, miembros de la Iglesia católica y organizaciones no gubernamentales.
El artículo 211 del CPP, sobre “Información Financiera”, también se modifica para permitir que en casos de urgencia, el Fiscal General de la República o el Director de la Policía Nacional puedan incautar activos financieros y suspender transacciones bancarias.
Estas modificaciones forman parte de un esfuerzo por institucionalizar las arbitrariedades que el régimen ha cometido desde el inicio de la represión, en un intento de ampliar su control más allá de las fronteras nicaragüenses, según han advertido defensores de derechos humanos.
