Los proyectos de obras en Costa Rica tendrán que empezar a evaluar los riesgos que puedan sufrir a causa del cambio climático, según la última resolución emitida por la Sala Constitucional debido a un amparo presentado contra el Ejecutivo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
El amparo argumentaba que la legislación ambiental vigente no exige a las empresas o instituciones que evalúen los riesgos del cambio climático. La Sala concluyó en la resolución que el reglamento de procesos de evaluación ambiental omite obligaciones de analizar los efectos del cambio climático en las obras.
Por ello, la Sala ordena en la resolución que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a la Setena actualicen la normativa en un máximo de 18 meses para agregar que las empresas e instituciones deban contemplar las afectaciones del cambio climático en los análisis de obras.
Los cambios de ley deberán contemplar que los desarrolladores de proyectos apliquen medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático para sobrellevar riesgos futuros resultados del cambio climático. La resolución señala que el Estado “tiene la obligación de prevenir daños significativos al sistema climático”.
Futuras generaciones
En ese sentido, la Sala asegura que el Estado debe actuar diligentemente para proteger los derechos de las futuras generaciones. Los magistrados retomaron en la sentencia el texto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia que señala la importancia de tomar en cuenta la variable climática en los estudios de impacto ambiental para proyectos.
Medios locales atribuyen la exclusión del cambio climático en los estudios de evaluación por la administración del exministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra y del secretario del Setena, Andrés Orozco, cuando fue proclamado el reglamento en discusión.