La Procuraduría General de Honduras presentó una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks por presunta traición a la patria y usurpación de funciones públicas.
La acción surge tras la juramentación de Hernández Franks como “fiscal civil” de ZEDE Próspera, ocurrida el 15 de septiembre. La Procuraduría cuestiona la validez de ese cargo y las funciones atribuidas.
La disputa por las funciones públicas
Según la Procuraduría, Colindres Castillo continúa presentándose como autoridad de una supuesta jurisdicción especial.
La institución sostiene que Hernández Franks recibió atribuciones relacionadas con la aplicación de normas, cobros tributarios y mantenimiento del orden público.
La Procuraduría afirma que esas funciones corresponden exclusivamente a las instituciones del Estado hondureño.
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— PGR Honduras (@PGRHonduras) September 21, 2026
Por ello, solicitó al Ministerio Público investigar los hechos, preservar evidencias y recopilar documentos e informes relacionados con las actuaciones denunciadas.
También pidió tomar las declaraciones necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan.
El fallo que cambió el marco legal
La denuncia se apoya en una decisión de la Corte Suprema de Justicia emitida el 20 de septiembre de 2024.
El máximo tribunal declaró inconstitucionales, con efectos desde su origen, las normas que sustentaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Las ZEDE fueron creadas como áreas con amplias facultades administrativas, regulatorias y económicas diferenciadas del régimen ordinario hondureño.
La sentencia dejó sin sustento jurídico, según la Procuraduría, los nombramientos derivados del antiguo Comité para la Adopción de Mejores Prácticas.
🇭🇳 El abogado Alberto A. Hernández Franks fue juramentado en el cargo de Fiscal Civil de Próspera ZEDE, asumiendo la responsabilidad de hacer cumplir la ley en materia civil y administrativa dentro de esta jurisdicción especial de la República de Honduras.
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— Próspera ZEDE (@ProsperaZEDE) September 15, 2026
El caso pasa ahora al Ministerio Público
La Procuraduría solicitó que el Ministerio Público determine si existen elementos para ejercer la acción penal.
Además, la institución se reservó el derecho de constituirse como acusadora en representación del Estado.
La denuncia añade un nuevo episodio a la disputa sobre la continuidad de Próspera y el alcance de las decisiones judiciales hondureñas.
