El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pidió esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al contrato que su gobierno firmó con una empresa minera canadiense, en un intento de remediar la profunda crisis que provocó la firma de un millonario convenio que permite la explotación de cobre.
En un mensaje, de los pocos que ha dado desde que su decisión prácticamente provocó el incendio del país entre multitudinarias protestas, el impopular Cortizo dijo que “acataré el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 406 del contrato minero. En la medida en que hoy respetemos nuestra institucionalidad, tendremos los argumentos necesarios para proteger y defender el país, que pertenece a esta y futuras generaciones”.
Sin embargo, el mandatario, que dejará el poder el año próximo, se refirió a las responsabilidades del detonante de la crisis.
“La solución de los problemas requiere de la participación de todos los panameños, con respeto, escuchando todas las opiniones, considerando las realidades y siempre con apego a las leyes. Solo así podemos seguir avanzando como Nación; esa es la aspiración de todos los panameños”, añadió.
El gobernante llamó a deponer intereses “personales, ideológicos, políticos o económicos”.
Cortizo dijo que este jueves Minera Panamá, con la que firmó el contrato que enfureció a toda una sociedad, pagó lo
correspondiente a sus obligaciones establecidas en el Contrato Ley.
Mira aquí el mensaje completo del Presidente Cortizo.
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Aclaró que giró instrucciones para que ese dinero no sea utilizado y se mantenga restringido.
Tras la firma del trato minero, que le generaría $375 millones anuales al Estado, millares de panameños salieron a las calles para protestar contra el gobierno.
Tanto Cortizo, como los diputados que avalaron la ley que permitieron el convenio, se retractaron tras las masivas manifestaciones. Cortizo convocó, como respuesta ante la crisis, a un referendum, pero el Tribunal Supremo Electoral, a la vuelta de las votaciones generales, lo rechazó.
La Corte Suprema tiene ahora la decisión en su cancha y se espera que la resolución sobre la constitucionalidad del trato sea anunciada la próxima semana.
Las protestas ya le costaron a Panamá cerca de $2,000 millones en pérdidas desde el 23 de octubre.
