Policía guatemalteca ha desmantelado este año 324 cámaras ilegales usadas por pandillas y criminales

Los dispositivos eran utilizados por pandillas y otras estructuras delictivas para vigilar a las fuerzas de seguridad, controlar territorios y monitorear a posibles víctimas.

Un agente desactiva cámaras instaladas por pandilleros en la capital guatemalteca.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala desinstalaron 324 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en espacios públicos de los departamentos de Guatemala y Chimaltenango entre enero y agosto de este año, como parte de una estrategia para debilitar las operaciones de estructuras criminales.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación (Mingob), de los dispositivos retirados, 162 eran presuntamente utilizados por integrantes de la pandilla Barrio 18, 86 por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y 76 por grupos vinculados al narcomenudeo, motoladrones, robamotos y otras actividades delictivas.

Las acciones fueron ejecutadas por la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala, con el objetivo de desmantelar sistemas clandestinos de videovigilancia instalados por organizaciones criminales.

Según las investigaciones, estos dispositivos permitían a las estructuras delictivas vigilar a posibles víctimas, intimidarlas y monitorear en tiempo real los movimientos de las fuerzas de seguridad para alertar sobre operativos policiales y facilitar la coordinación de actividades ilícitas en zonas con alta incidencia delictiva.

Del total de cámaras, 162 habrían sido controladas por integrantes de la pandilla “Barrio 18” y 86 por miembros de la mara “Salvatrucha”.

El Ministerio de Gobernación señaló que el retiro de estas cámaras reduce la capacidad de vigilancia y control de las organizaciones criminales, al tiempo que contribuye a recuperar espacios públicos para la población.

La Policía Nacional Civil explicó que estos operativos forman parte de las estrategias implementadas para debilitar las capacidades logísticas de las estructuras delictivas y reforzar la seguridad en los municipios considerados prioritarios por las autoridades.

Asimismo, la institución destacó que eliminar estos sistemas clandestinos impide que los grupos criminales obtengan información en tiempo real sobre los desplazamientos de las fuerzas de seguridad y de los habitantes de las comunidades donde operan.

 

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