El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de Honduras acordó la noche del viernes declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales, como parte de las nuevas acciones que prepara el Gobierno para enfrentar a organizaciones vinculadas con la violencia y el crimen organizado, confirmaron fuentes de la Casa Presidencial.
El encuentro fue encabezado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, y contó con la participación de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo, respectivamente, además del fiscal general, Pablo Emilio Reyes, y autoridades de Seguridad y Defensa.
Entre las estructuras alcanzadas por la decisión se encuentran maras y pandillas. Las autoridades hondureñas habían anticipado que evaluarían la aplicación de reformas aprobadas por el Congreso Nacional para ampliar los supuestos bajo los cuales determinados grupos criminales pueden ser considerados asociaciones terroristas.
El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, había planteado previamente ante el CNDS la posibilidad de aplicar esta clasificación contra determinadas organizaciones. El Gobierno todavía deberá ampliar la información sobre las tres estructuras incluidas en la decisión.
La reunión también abordó la posibilidad de implementar nuevamente un estado de excepción, aunque bajo un esquema focalizado en municipios o sectores que registran mayores niveles de violencia y criminalidad. La propuesta forma parte de las medidas analizadas por las autoridades de seguridad.
Velásquez había explicado que la estrategia podría concentrarse en “microterritorios” dentro de aproximadamente 30 municipios identificados como prioritarios, sin que esto signifique que todos quedarían automáticamente incluidos en una eventual declaratoria.
El estado de excepción, sin embargo, ha generado distintas posiciones dentro de las instituciones hondureñas. El secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, había expresado antes de la reunión que prefería operaciones dirigidas específicamente contra los delincuentes antes que retomar una medida que pueda afectar a la población en general.
Las autoridades preparan ahora los informes y detalles de las nuevas acciones de seguridad. En el caso de un eventual estado de excepción focalizado, todavía deberán definirse los territorios incluidos, su duración y los alcances de las restricciones que podrían aplicarse.