La Fiscalía de El Salvador solicitó este jueves a un juzgado de San Salvador la “extinción de dominio” de bienes y cuentas bancarias del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), señalado de supuestos actos de corrupción.
La solicitud fue presentada ante el Juzgado de Extinción de Dominio de San Salvador “con la que formalmente se da inicio al proceso en contra de los bienes del expresidente Alfredo Cristiani”, señaló un fiscal en un vídeo publicado por la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de la red social X.
La FGR añadió que pidió la extinción de dominio de “143 inmuebles, 41 vehículos, 27 cuentas bancarias y un helicóptero que están relacionados al patrimonio” de Cristiani, quien según el fiscal general Rodolfo Delgado “huyó” del país y su paradero es desconocido.
En junio de 2023 la fiscalía anunció el inicio de un proceso penal en contra del expresidente Cristiani tras señalarlo de haber usado dinero del Estado para beneficio propio.
“Según las investigaciones, el expresidente Alfredo Cristiani incorporó a sus empresas grandes sumas de dinero que pertenecían al Estado y que sirvieron para ocultar y legitimar el lavado dinero”, agregó la Fiscalía en su cuenta de X.
#ExtinciónDeDominio | Esta tarde, la @FGR_SV solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio de San Salvador que 143 inmuebles, 41 vehículos, 27 cuentas bancarias y un helicóptero que están relacionados al patrimonio de Alfredo Cristiani, pasen a manos del Estado.
Esta diligencia… pic.twitter.com/uwCgsmexHN
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 15, 2024
El representante de la fiscalía señaló que la solicitud de extinción de dominio “será valorada por el juzgado que, posteriormente, emitirá una decisión.
El presidente Nayib Bukele, que el pasado 4 de febrero resultó reelecto en los comicios presidenciales, ha dicho que, además de la “guerra” contra las pandillas con la que su gobierno ha logrado una drástica baja en los índices de violencia en el país, también impulsará una cruzada en contra de la corrupción.
La “guerra” contra las pandillas es sostenida por un régimen de excepción vigente desde hace dos años y el cual fue extendido la semana pasada por un mes más por el Congreso.
Bajo ese régimen, cuestionado por organismos de derechos humanos pues permite detenciones sin orden judicial, han sido detenidos 77,300 sospechosos, de los cuales 7,000 fueron liberados por ser inocentes.
