Persiste la violencia en Bocas del Toro pese a suspensión de garantías constitucionales

El descontrol y los actos vandálicos continúan en la provincia panameña, mientras el gobierno enfrenta serias dificultades para restablecer el orden.

Los disturbios en Bocas del Toro, Panamá, continúan este viernes, pese a las restricciones constitucionales.

La crisis social y de seguridad en la provincia de Bocas del Toro sigue agravándose, a pesar de la suspensión de garantías constitucionales y la declaración de estado de urgencia emitida por el gobierno de Panamá. Lejos de disminuir, los actos de violencia, vandalismo y enfrentamientos con la fuerza pública se han intensificado en diversos puntos de la provincia, particularmente en el distrito de Changuinola.

Desde la tarde del jueves, las calles se han visto dominadas por una creciente anarquía. Grupos de manifestantes han replegado a la Policía Nacional, incendiado vehículos, atacado infraestructuras estatales y comercios privados, y generado un ambiente generalizado de inseguridad que ha dejado decenas de daños materiales y personas heridas.

Daños estructurales y violencia sin freno

Uno de los focos más impactados es el Aeropuerto Capitán Manuel Niño de Changuinola, donde fueron incendiados al menos cinco vehículos en el área de estacionamiento. También se reportaron graves afectaciones a la cerca perimetral y vandalismo en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), donde al menos ocho personas permanecen atrapadas sin poder salir por razones de seguridad.

La empresa Chiquita Panamá también fue blanco de ataques, al igual que el estadio Calvin Byron, que sufrió nuevos daños tras los disturbios iniciales.

El Ministerio de Seguridad Pública, a través de su cuenta oficial en la red social X, informó preliminarmente de:

12 agentes de la fuerza pública heridos
21 vehículos destruidos
12 locales comerciales afectados

 

Inacción y temor ciudadano

Pese a que el Consejo de Gabinete suspendió el viernes artículos clave de la Constitución panameña —como el derecho a la libre circulación, reunión y el acceso inmediato a la defensa legal— la medida no ha logrado contener la violencia, y algunos sectores critican la falta de una respuesta más efectiva del Estado.

Videos compartidos en redes sociales muestran a comerciantes armados con machetes intentando defender sus negocios ante la amenaza de saqueos, en medio de una evidente ausencia de control institucional.

La empresa Naturgy Panamá informó que sus brigadas no han podido acceder a las zonas afectadas para restablecer el servicio eléctrico, lo que ha dejado a amplios sectores sin energía.

Empresarios temen lo peor

Desde la Cámara de Comercio local se ha manifestado preocupación por la creciente ola de saqueos y ataques a la propiedad privada. Algunos empresarios han pedido públicamente al Ejecutivo reforzar las medidas de seguridad o incluso considerar el despliegue de unidades especiales, dada la falta de garantías mínimas para operar en la provincia.

Las protestas comenzaron hace más de un mes por el rechazo a reformas a la Ley 45 que afectaban a trabajadores bananeros. Aunque el gobierno introdujo cambios, las manifestaciones derivaron en bloqueos, escasez de alimentos, interrupción de servicios esenciales y, finalmente, en una ruptura total del orden público.

Con la suspensión de las garantías constitucionales, el gobierno pretendía frenar la violencia y restablecer la legalidad. Sin embargo, la situación actual evidencia que el conflicto no solo persiste, sino que escala a niveles alarmantes.

La ciudadanía, mientras tanto, se mantiene en vilo, a la espera de que el Estado logre recuperar el control y garantizar seguridad en una provincia que hoy parece estar al borde del colapso.

 

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