Los privados de libertad de los centros penitenciarios de Costa Rica podrían realizar trabajos en 6 áreas diferentes si es aprobada la reforma de “cero ocio en las cárceles”, según la propuesta presentada ayer por la presidenta Laura Fernández.
La iniciativa gubernamental plantea que los presos recibirían un salario por el trabajo realizado, el cual, sería repartido así: el 35 % para el sistema penitenciario; 35 % para la familia de las víctimas del delito cometido; 20 % para la familia del condenado y el 10 % para un fondo de ahorro del privado de libertad.
El gobierno aseguró que con esta propuesta buscan que los presos puedan desarrollar actividades laborales que al cumplir sus condenas les permitan una “efectiva inserción social”.
Las áreas de trabajo son:
- Servicios de cocina, panadería, lavandería, limpieza y gestión de residuos.
- Cultivos, sostenibilidad y agricultura.
- Manufactura y textilería.
- Carpintería, ensamblaje y empaque.
- Mantenimiento de espacios públicos.
- Servicios de apoyo a la Administración penitenciaria.
La propuesta incluye que los condenados puedan trabajar en instituciones no solo públicas, sino en empresas privadas para prestar servicios o elaborar bienes dentro o fuera de las cárceles, para ello, el gobierno tendría que firmar convenios.
“La participación de las personas privadas de libertad será estrictamente voluntaria, requiriendo su consentimiento formal, previo, informado y por escrito, conforme al bloque de constitucionalidad y convencionalidad internacional” indica el texto de la propuesta presentada ayer en la Asamblea Legislativa.
La propuesta también aclara que el gobierno no podrá imponer “actividades productivas penitenciarias” como “medida disciplinaria” ni podrán ser sometidos a condiciones de explotación económica. No podrán ejercer trabajos los presos de altas contención, con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o en lactancia o con enfermedades terminales.
Esta fue presentada en lunes en la Asamblea Legislativa para su discusión y análisis en la Comisión correspondiente junto a otras 5 reformas que buscan aumentar condenas por narcotráfico y crimen organizado, y que crean un nuevo delito para castigar la pertenencia a grupos criminales.