El gobierno de Panamá tiene planificado desembolsar unos $257 millones en la construcción de una cárcel en las provincias centrales y de un Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en Las Garzas. Ambos proyectos están proceso de licitación.
Las autoridades han informado que la construcción de la nueva cárcel de las provincias centrales está valorada en unos $172 millones, mientras que inicialmente se prevé que para el Centro de Rehabilitación de Las Garzas se destinen unos $85 millones.
Esta inversión sería resultado del hacinamiento de detenidos, la poca capacidad de infraestructura para talleres de rehabilitación y que hace un par de días se reportó la fuga de 195 presos que poco a poco han sido recapturados por las autoridades.
El último proyecto anunciado es el Centro de Rehabilitación, cuya presentación de propuestas deben presentar las empresas interesadas a más tardar el 14 de julio. La empresa que resulte elegida deberá realizar un estudio de diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento.
Se tiene previsto que la infraestructura tenga la capacidad de albergar a unos 2,500 presos y estaría ubicado frente a los centros penitenciarios de La Joya, La Joyita y Nueva Joya. El gobierno busca da solución a los problemas estructurales del sistema penitenciario, tomando en cuenta que la mayoría de la población carcelaria se encuentra en Las Garzas.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno señala en los documentos de licitación que la construcción es necesaria porque los centros existentes están basados en condiciones de custodia y encierro, donde los programas de rehabilitación fueron dejados a un lado.
Infraestructura del nuevo Centro de Rehabilitación
El plan contempla que el nuevo Centro de Rehabilitación incluya dormitorios para los internos, áreas de estudio, espacios para talleres productivos, además de zonas para la práctica de deportes, talleres culturales y un área para terapias para que los privados puedan reintegrarse a la sociedad.
Con este nuevo Centro se busca atender a los privados de libertad que están cerca de cumplir su condena y que así puedan ser preparados para volver a integrarse en actividades académicas, laborales y sociales, pues el gobierno alega que actualmente no reciben capacitaciones ni oportunidades de formación.