Los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá, junto con otros países integrantes del grupo Escudo de las Américas, defendieron la legitimidad del proceso electoral en Colombia y pidieron respetar los resultados oficiales proclamados por las autoridades electorales. Además, solicitaron garantizar una transición institucional pacífica, ordenada y transparente.
En una declaración conjunta, los países expresaron su preocupación por recientes declaraciones y acciones. Según indicaron, estos actos ponen en duda la integridad de las elecciones colombianas y generan incertidumbre sobre el desarrollo de la transición entre gobiernos.
Los firmantes afirmaron que, en una democracia constitucional, la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y validada por las autoridades electorales constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público.
Además, sostuvieron que desconocer los resultados oficiales representa un desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho.
Llamado a proteger la continuidad institucional
Los gobiernos también rechazaron cualquier acción o declaración que busque deslegitimar el mandato otorgado por los votantes. También rechazaron desacreditar sin pruebas a las autoridades electorales o impedir el proceso de transición, conocido en Colombia como empalme.
Según la declaración, ese proceso no constituye una concesión política, sino una obligación constitucional destinada a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento de la voluntad ciudadana.
Por ello, hicieron un llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen conforme a la Constitución, la ley y los principios democráticos durante el cambio de gobierno.
Doce países respaldan el respeto al Estado de Derecho
La declaración fue suscrita por Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá, además de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Los firmantes coincidieron en que las autoridades colombianas deben respetar los resultados oficiales emitidos por los organismos electorales competentes y garantizar una transición institucional que preserve la estabilidad democrática y el Estado de Derecho.