La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su profunda preocupación por el proceso judicial contra los líderes indígenas guatemaltecos Luis Pacheco y Héctor Chaclán, acusados de terrorismo tras participar en protestas pacíficas en defensa de los resultados electorales de 2023.
El caso ha generado alarma internacional por posibles violaciones al debido proceso y a los derechos de los pueblos indígenas.
Los relatores de la ONU advirtieron que la detención preventiva de Pacheco y Chaclán, ambos designados por las comunidades de Totonicapán para representar a los 48 Cantones, refleja un patrón creciente de criminalización en Guatemala contra dirigentes indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Ahora Público #Guatemala – Junto con mis colegas, expresamos profunda preocupación el 7 de julio de 2025 por el arresto y procesamiento de los líderes indígenas Luis Pacheco Gutiérrez (exviceministro de Desarrollo Sostenible) y Héctor Chaclán Batz, del Pueblo Maya K’iche’ en…
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) September 15, 2025
Según el pronunciamiento, ambos fueron arrestados y enfrentan cargos de terrorismo, sedición y obstrucción de justicia. Sin embargo, las Naciones Unidas subrayan que se trató de manifestaciones pacíficas y que las leyes antiterroristas no deben utilizarse como herramientas políticas para silenciar la disidencia ni para limitar derechos colectivos.
El organismo internacional también criticó que el caso se mantiene bajo secreto judicial, lo que ha impedido el acceso a los expedientes, retrasado las audiencias y restringido el escrutinio público. Esto, según los expertos, pone en duda la transparencia del proceso y vulnera garantías básicas de justicia.
Detención de líderes deteriora su salud mental
Además, los relatores señalaron que la prolongada detención de los líderes indígenas ha deteriorado su salud mental, en un contexto de discriminación estructural y ausencia de protecciones culturales adecuadas dentro del sistema penitenciario.
La ONU advirtió que la criminalización de los 48 Cantones como una “asociación ilícita” podría constituir una violación grave al derecho de autodeterminación de los pueblos originarios.
El pronunciamiento internacional concluye que la defensa de los derechos humanos y la protesta pacífica no deben ser tratadas como delitos graves.
La ONU reiteró su disposición al diálogo y su compromiso de vigilar de cerca este caso, que se suma a otros señalamientos sobre el deterioro del Estado de derecho en Guatemala.