Un grupo señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales operaría en Guatemala desde 2022 o 2023, según reveló la Policía Nacional Civil (PNC). La estructura estaría activa principalmente en Petén y utilizaría redes sociales para justificar asesinatos bajo el argumento de combatir a presuntos delincuentes.
La investigación cobró fuerza después de un ataque ocurrido en San Benito, Petén, donde cuatro personas fueron asesinadas dentro de una vivienda. El ministro de Gobernación, Marco Villeda, afirmó que la principal hipótesis apunta a una acción de “limpieza social” y aseguró que los responsables ya fueron identificados.
De acuerdo con el director de la PNC, David Boteo, el grupo publica mensajes en páginas de Facebook para atribuirse algunos homicidios y señalar a las víctimas como responsables de robos u otros delitos. Cuando las autoridades detectan una cuenta, sus integrantes la cierran y crean otra para mantener la actividad.
La policía sostiene que no se trata de ataques improvisados. Los investigadores buscan establecer quiénes contratan y financian a los sicarios, ya que las ejecuciones responderían a órdenes y pagos de actores que todavía no han sido identificados públicamente.
El caso salió a la luz tras un fin de semana en el que más de 24 personas murieron en ataques armados en Guatemala. Entre los hechos más graves estuvieron la masacre de siete personas en Villa Canales, el asesinato de tres personas en San José Acatempa, Jutiapa, y el ataque registrado en San Benito.
En Jutiapa, la PNC también investiga un posible acto de justicia por mano propia. Dos hombres y una mujer fueron asesinados después de ser señalados por su presunta relación con la muerte de una joven, aunque posteriormente las autoridades localizaron indicios que podrían vincularlos con una estructura criminal.
Expertos en seguridad advierten que la aparición de estos grupos refleja una profunda pérdida de confianza en el sistema judicial.
Mientras las autoridades prometen capturas y buscan a los financistas, el fenómeno evidencia el riesgo de que sectores de la población sustituyan a las instituciones y conviertan las acusaciones contra presuntos delincuentes en sentencias de muerte.