La dictadura de Nicaragua aprobó una reforma que transfiere la Dirección General de Minas (DGM), hasta ahora adscrita al Ministerio de Energía y Minas, a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), decisión que analistas vinculan con el intento de mitigar el impacto de posibles nuevas sanciones relacionadas con el comercio de oro.
La iniciativa fue aprobada el 11 de febrero por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y amplía el poder de la recién creada Procuraduría.
Esta institución desde 2025, año de creación, ha asumido funciones que van desde la administración de registros públicos hasta la intervención en procesos de confiscación de bienes.
El cambio ocurre pocos días después de que senadores de Estados Unidos introdujeran el proyecto de ley S.3496, destinado a combatir la minería y el comercio ilícito de oro en el hemisferio occidental.
Sanciones potenciales
La propuesta incluye referencias específicas a Nicaragua y plantea la posibilidad de ampliar sanciones contra instituciones, funcionarios y colaboradores vinculados al sector.
El ambientalista Amaru Ruiz, de la no gubernamental Fundación del Río, señala que el traslado de la DGM a la Procuraduría puede interpretarse como un intento de reestructurar la cadena institucional que administra la minería, uno de los principales rubros de exportación del país.
Según cifras del Banco Central de Nicaragua, las exportaciones mineras superaron los 1.390 millones de dólares en 2024, con el oro como principal producto.
Estados Unidos ya sancionó en 2022 a la empresa estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y a la propia Dirección General de Minas, al considerar que los ingresos del sector contribuían a sostener al régimen y a financiar actividades que Washington considera contrarias a la estabilidad regional.
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Evitando sanciones
Ruiz sostiene que al colocar la gestión minera bajo la Procuraduría, el Ejecutivo podría intentar centralizar el control y modificar los mecanismos administrativos para dificultar la aplicación directa de nuevas sanciones sobre organismos técnicos previamente identificados por Washington.
El sector minero ha cobrado aún mayor relevancia en los últimos años, en paralelo con el aumento de concesiones a empresas extranjeras, principalmente a compañías de origen chino.
Para observadores internacionales, la combinación de reformas institucionales y nuevas iniciativas legislativas en Estados Unidos anticipa un escenario de mayor presión sobre el comercio de minerales estratégicos en la región, particularmente en países donde la minería se ha convertido en un eje clave de financiamiento estatal.