Nicaragua se volvió un infierno para los cristianos, revela informe de Derechos Humanos

La persecución religiosa en este país gobernado por una dictadura no tiene precedentes.

El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, asediado por policías, antes de ser capturado y encarcelado por la dictadura de Ortega. Luego fue desterrado y despojado de su nacionalidad.

El panorama religioso en Nicaragua atraviesa una crisis sin precedentes. Según recientes informes de organizaciones de derechos humanos, el régimen del dictador Daniel Ortega y su pareja y segunda al mando, Rosario Murillo, ha intensificado su campaña de terror y violencia contra líderes y organizaciones religiosas, tanto católicas como evangélicas.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más, una ONG integrada por activistas nicaragüenses exiliados, ha documentado la expulsión de 222 religiosos desde 2018, incluyendo 91 monjas.

“Se ha logrado identificar al menos a 52 personas religiosas y familiares de estas que han quedado en situación de apatridia de facto”, advierte el informe.

La situación se ha agravado en los últimos meses. Entre enero y abril de 2024, 34 sacerdotes nicaragüenses fueron obligados a abandonar el país.

Esta cifra no incluye a los 7 clérigos desterrados al Vaticano la semana pasada.

Persecución sistemática

La represión no se limita a las expulsiones. El informe destaca “múltiples violaciones a la libertad de religión en Nicaragua, que reflejan un panorama de creciente represión, con detenciones arbitrarias, ataques directos a líderes religiosos, estigmatización y mensajes de odio en los pronunciamientos oficiales respecto a la libertad de culto”.

Las acciones del régimen han afectado significativamente a las organizaciones religiosas.

Desde 2021, más de 420 organizaciones cristianas han visto cancelada su personería jurídica, incluyendo la reciente eliminación de Cáritas de la Diócesis de Matagalpa.

Además, se han confiscado al menos 22 medios de comunicación religiosos, siendo Radio María uno de los últimos afectados, cesando sus transmisiones el 9 de julio de 2024.

Universidades, colegios, clínicas, comedores, orfanatos, huertos, oficinas y más bienes han sido confiscados por el régimen a las organizaciones religiosas.

La comunidad evangélica tampoco ha escapado a esta ola de represión. Al menos 21 pastores evangélicos se encuentran en el exilio, mientras que a otros tres se les ha impedido ingresar al país, obligándolos a la apatridia de facto.

Además, la dictadura ha impuesto multas considerables a congregaciones cristianas, obligando a al menos 20 de ellas a pagar sumas millonarias a cambio de ejercer sus servicios cristianos.

Impacto en la feligresía

La persecución ha alcanzado también a los feligreses. Según reportes, algunos han sido citados y detenidos “en carácter de investigados”, como una medida de presión para levantar falsas acusaciones contra sacerdotes.

Despacho 505, un medio local, señala que el comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, jefe de Auxilio Judicial de la sancionada policía del régimen, está a cargo de estas investigaciones y presiones.

Un caso destacado es el de seis laicos miembros de la extinta Cáritas de Estelí, detenidos desde diciembre de 2023 y condenados a 6 años de prisión por supuesto lavado de dinero.

Reacciones internacionales

La situación ha generado preocupación en la comunidad internacional. Un informe conjunto de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Colectivo Nicaragua Nunca Más y Alcance de ayuda en las Américas revela que al menos 22 religiosos nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad.

Estas acciones, según los observadores, “reflejan un ambiente de represión y violación sistemática de la libertad de creencia y religión en Nicaragua, afectando gravemente a las comunidades religiosas y su capacidad para ejercer su fe libremente”.

Perspectivas futuras

El panorama para la libertad religiosa en Nicaragua se vislumbra sombrío.

La estrategia del gobierno Ortega-Murillo parece dirigida a silenciar voces críticas dentro de las comunidades de creyentes, afectando no solo a los líderes religiosos sino también a las organizaciones y medios de comunicación asociados a las iglesias.

Mientras la comunidad internacional observa con preocupación, las organizaciones de derechos humanos continúan documentando y denunciando estos hechos, en un esfuerzo por visibilizar la situación y buscar soluciones para garantizar la libertad religiosa en Nicaragua.

Aquí tienes un listado con las principales cifras de afectaciones a la religión en Nicaragua, según el texto original:

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