Nicaragua es el país de Centroamérica que refleja los peores resultados en derechos humanos, mientras que El Salvador y Guatemala aparecen señalados por las acciones que afectan el desarrollo democrático y el estado de derecho, según el informe anual del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el cual se encarga de realizar monitoreos a los estados sobre el desarrollo de la democracia.
La instancia tiene su sede en Estocolmo, Suecia, y determinó que la dictadura de Daniel Ortega “ha acabado con la oposición y la disidencia, incluidas represalias a miembros de la iglesia católica y los medios (de comunicación)”.
IDEA refleja en el informe que la región comparte un desempeño medio en muchos aspectos democráticos, a pesar de retroceso generalizado en el último lustro, en el que sobresale Nicaragua, Venezuela, Haití, y el bajón que ha venido generando El Salvador y Guatemala, a los cuales se les sigue con atención por la forma de gobernar, donde se ha ido deteriorando el orden democrático.
Según el organismo las determinaciones y acciones que han tomado algunos gobiernos contra el crimen organizado y la represión de derechos civiles, son algunas de las principales amenazas a la democracia en América Latina.
“En años recientes, líderes electos en el continente americano han erosionado la democracia, usando las instituciones estatales para legitimar restricciones en derechos, el espacio cívico y la competencia electoral”, dicta IDEA.
Sin embargo, destaca que no todo está perdido, que en Latinoamérica mantiene altos niveles de participación electoral y números sólidos en el apartado de representación, en el que destacan trece países entre los cincuenta primeros del mundo, sin embargo, hace hincapié en que las respuestas a la cuestión del crimen organizado desafían al Estado de derecho.
“La inseguridad sigue siendo un gran reto para el Estado de derecho. Los gobiernos han fracasado en responder adecuadamente a las causas profundas del aumento del crimen violento y muchos han recurrido a garantizar más poder a las fuerzas armadas, aumentando el gasto en defensa y expandiendo la militarización en seguridad pública e inmigración”, relata el informe.
IDEA considera que dichas acciones han detonado efectos negativos en las libertades civiles y la integridad personal, además, de otros derechos, y han sido aplicados en naciones como Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México o Perú.
“La región sigue teniendo un déficit enorme en materia de Estado de derecho. La independencia judicial sigue siendo una asignatura pendiente. Otro problema, y cada vez peor, es la violencia derivada de la presencia del crimen organizado”, compartió el secretario general de IDEA, Kevin Casas-Zamora.
El funcionario considera que si la democracia y sus componentes, no puede garantizar la seguridad física de la sociedad en su conjunto, entonces, tiene los días contados, y destaca a manera de ejemplo, a El Salvador, donde la ciudadanía acepta sacrificar derechos para resolver el problema de la delincuencia.
“Hay una enorme urgencia de que ofrezcamos opciones de política pública para enfrentar el desafío de la seguridad ciudadana, opciones compatibles con la democracia y el Estado de derecho, sino la tentación de que aparezca un Bukele es demasiado grande”, dijo.
