Un informe con más de 430 casos de personas fallecidas bajo custodia estatal en El Salvador, durante el régimen de excepción, será entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. La denuncia busca que el tribunal investigue presuntos delitos cometidos por el Estado salvadoreño desde que el presidente Nayib Bukele implementó esta medida en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), autora del documento, señaló que el reporte incluye nombres, contexto y análisis de las muertes ocurridas en las distintas cárceles del país.
Según la directora de la ONG, la abogada Ingrid Escobar, se trata del primer informe de este tipo que llega a la CPI y esperan que otras ONG aporten más información sobre lo que ocurre bajo el régimen de detención.
El documento también incluye denuncias por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles e inhumanos dentro del sistema penitenciario de El Salvador. Estas acusaciones se sustentan en testimonios de familiares y evidencias recogidas por SJH, que brinda asistencia legal gratuita a afectados.
El régimen de excepción, que suspende ciertas garantías constitucionales, ha sido prorrogado 41 veces por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas.
Hasta la fecha, se registran más de 87,000 arrestos de presuntos pandilleros o personas vinculadas a estas estructuras criminales. Organismos internacionales han denunciado que la mayoría de casos corresponden a detenciones sin pruebas suficientes.
Denuncia ante la CIDH
La ONG también ha llevado sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Sistema Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió que el régimen de excepción no solo se usa contra las pandillas sino también para silenciar voces críticas al gobierno.
El gobierno de el Salvador defiende que la medida ha contribuido a reducir drásticamente los homicidios y liberado territorios antes controlados por las maras. Sin embargo, críticos y analistas consideran que se ha convertido en la principal y casi única herramienta de control social, sin una estrategia integral de seguridad a largo plazo.