El Ministerio Público de Honduras informó este 14 de julio que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) remitió a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) documentos provenientes de fiscales de Estados Unidos, relacionados con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y otros vinculados a su expediente.
Según el comunicado oficial, en los documentos remitidos se identifican indicios de relevancia penal que permitirán ampliar las investigaciones en curso, específicamente relacionadas con los procesos electorales de 2013 y 2017. Las valoraciones de las autoridades estadounidenses señalan que el candidato declarado ganador en ambos comicios habría contado con el respaldo de estructuras del crimen organizado y de pandillas, mediante la intervención en el proceso electoral.
El Ministerio Público solicitó a la FESCCO que emita los respectivos requerimientos de investigación o que proceda a instar las acciones que considere pertinentes para profundizar en las responsabilidades derivadas de estos hallazgos.
Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, tras haber sido reelecto en un proceso cuestionado por diversos sectores nacionales e internacionales. Su gestión estuvo marcada por señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico.
En febrero de 2022, Hernández fue capturado en Tegucigalpa, a pocos días de dejar la presidencia, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por cargos de narcotráfico y uso de armas. La extradición se concretó en abril de ese mismo año, y tras un juicio en Nueva York, el expresidente fue declarado culpable en marzo de 2024 por conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas, entre otros delitos.
En junio de 2024, un tribunal federal de Estados Unidos lo condenó a 45 años de prisión, confirmando así su responsabilidad en liderar una estructura de narcotráfico que habría operado bajo el amparo de su mandato presidencial.
Las nuevas valoraciones remitidas por las autoridades estadounidenses refuerzan la línea de investigación en Honduras, al sugerir que los beneficios políticos de Hernández se habrían visto favorecidos por alianzas con estructuras criminales, incluso durante sus campañas presidenciales.