El Ministerio Público (MP) de Guatemala protagonizó este jueves un choque público con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, tras un operativo en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
La tensión surgió luego de que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural realizara diligencias dentro de la universidad. Estas acciones buscaban inspeccionar daños reportados el martes 7 de abril.
Sin embargo, el ministro Villeda cuestionó el procedimiento. El funcionario afirmó que la Policía Nacional Civil (PNC) no ingresó inicialmente al campus por falta de orden judicial.
MP defiende legalidad de diligencias en patrimonio cultural
En un comunicado oficial, el MP rechazó las declaraciones del ministro. La institución aseguró que sus acciones se apegan a la ley vigente en Guatemala.
El ente investigador recordó que el campus central de la USAC está declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde 2011. Por ello, cualquier daño activa la intervención de la fiscalía especializada.
Además, el MP citó el artículo 193 del Código Procesal Penal. Esta norma permite el ingreso a edificios públicos sin orden judicial si existe autorización de autoridades responsables.
El Ministerio Público informa, en relación con las declaraciones vertidas por el licenciado Marco Antonio Villeda, Ministro de Gobernación, respecto a las diligencias ejecutadas este día en el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por la Fiscalía de… pic.twitter.com/Qr8fvk5ymU
— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 9, 2026
Según el comunicado, los fiscales contaban con el consentimiento de autoridades universitarias. Por tanto, el ingreso era legal y no requería orden de juez.
Gobernación condicionó apoyo policial a orden judicial
El ministro Marco Antonio Villeda sostuvo una postura distinta. En declaraciones públicas, indicó que la PNC solo puede ingresar sin orden judicial en casos de flagrancia.
El funcionario explicó que el MP solicitó apoyo policial desde la noche del miércoles. También reiteró que el jueves por la mañana se hizo una nueva petición.
Aunque la PNC desplegó agentes en el lugar, no ingresó inicialmente al campus. Gobernación analizó la validez del documento presentado por los fiscales.
Esta diferencia de criterios provocó el choque institucional. El MP calificó de “sin fundamento” la posición del ministro.
Diligencias se ejecutan tras disturbios en la USAC
Las acciones del MP se originaron tras incidentes ocurridos el martes 7 de abril. Ese día se registraron protestas y disturbios en el campus universitario.
En redes sociales circularon videos que muestran daños a instalaciones. También se reportaron pintas y posibles destrozos en áreas del campus.
Estos hechos están vinculados a la disputa por la elección del rector de la USAC. Sectores estudiantiles han denunciado irregularidades en el proceso.
El miércoles y jueves continuaron las tensiones. Hubo manifestaciones, presencia policial y llegada de fiscales para recabar evidencias.
Operativo con fiscales y presencia policial
El MP informó que más de 20 fiscales participaron en las diligencias. El equipo recolectó indicios sobre posibles daños al patrimonio cultural.
Asimismo, se registró presencia de agentes de la PNC en los accesos y dentro del campus. El despliegue buscaba resguardar el operativo.
Por su parte, estudiantes opositores protestaron en las afueras. Algunos rechazaron las acciones y denunciaron posibles actos de intimidación.
Contexto político aumenta tensión en Guatemala
El conflicto ocurre en medio de una crisis más amplia en la USAC. La elección del rector ha generado divisiones entre autoridades y sectores estudiantiles.
Además, el caso coincide con señalamientos internacionales sobre la situación institucional en Guatemala. Recientemente, senadores estadounidenses pidieron evitar interferencias en procesos clave.
En este contexto, el choque entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación refleja tensiones sobre el alcance de la ley y el uso de la fuerza pública.
Mientras tanto, las autoridades mantienen sus posturas. El MP insiste en la legalidad de las diligencias, mientras Gobernación sostiene que se debe cumplir con requisitos judiciales.
