El caos vehicular y la conducción irregular de motocicletas en Costa Rica han llevado a la acumulación de miles de estos vehículos en los depósitos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), especialmente en el plantel de Naranjo, Alajuela.
Allí, unas 2,500 motocicletas se encuentran retenidas por infracciones de tránsito, mientras otras 15,500 están almacenadas en el depósito de La Guácima, en la misma provincia.
La mayoría de estos vehículos son abandonados por sus propietarios, quienes no cubren los costos de custodia, generando gastos millonarios para el erario público.
En 2022, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) destinó 1,628 millones de colones en videovigilancia, seguridad y alquileres, cifra que en 2023 fue de 1,516 millones.
Las principales causas de retención de motocicletas son la falta de licencia de conducir y placas, además de otras infracciones como el uso de matrículas falsificadas.
Entre 2022 y 2023, los decomisos se duplicaron, pasando de 2,100 a 4,300 motos, pero solo el 22% fueron reclamadas.
El problema se agrava por la proliferación de motocicletas sin documentación adecuada, algunas en mal estado y otras recientemente adquiridas.
La cantidad de motocicletas en circulación se ha disparado, pasando de 353,689 en 2022 a 823,526 en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y el Cosevi.
Ante esta situación, el gobierno ha propuesto un proyecto de ley para facilitar la condonación de impuestos y la cancelación de la inscripción de vehículos abandonados, buscando así donarlos a instituciones de bien social y reducir los costos de custodia para el Estado.
La iniciativa, respaldada por el oficialismo y el Partido Nueva República, está en discusión en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Mientras tanto, las motocicletas retenidas continúan deteriorándose en los depósitos del MOPT, reflejando un problema persistente de cumplimiento de la ley y gestión de recursos en Costa Rica.
