El gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, anunció una serie de sanciones contra El Salvador, tras responsabilizar al gobierno salvadoreño de colaborar con la administración de Donald Trump en la deportación irregular de Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que residía legalmente en Estados Unidos.
Según Pritzker, Ábrego fue deportado pese a contar con una orden judicial que impedía su expulsión, lo que constituye una violación directa a los derechos constitucionales del migrante. A pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó su retorno, El Salvador se ha negado a repatriarlo.
“El caso de Ábrego demuestra cómo la administración Trump actuó fuera de la ley. Illinois no será cómplice de violaciones a la Constitución ni de gobiernos que colaboran con ellas”, declaró el gobernador demócrata.
Impacto económico y comercial
Como parte de las medidas, Pritzker ordenó revisar los contratos del estado con empresas salvadoreñas y pidió investigar la participación de productos de origen salvadoreño en las cadenas de suministro del estado, también instruyó a los fondos de pensiones públicos revisar sus inversiones para identificar vínculos con compañías asociadas al gobierno de El Salvador.
El Salvador podría enfrentar repercusiones económicas si Illinois, uno de los estados con mayor PIB de Estados Unidos, decide restringir sus lazos comerciales. El análisis solicitado al Departamento de Comercio estatal podría influir en futuras decisiones legislativas que limiten esas relaciones.
Un mensaje con peso regional
El caso de Ábrego y la postura de Illinois resaltan los riesgos de colaboración entre gobiernos centroamericanos y autoridades migratorias de Estados Unidos sin garantías procesales. La medida también envía una señal clara a otros países de la región sobre las consecuencias diplomáticas y comerciales de actuar en contra de decisiones judiciales estadounidenses.
