La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes por consenso una resolución que exige a la dictadura de Nicaragua la liberación incondicional de los presos políticos y la celebración de elecciones «libres, justas e inclusivas».
La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores respondió así al dictador Daniel Ortega, quien el pasado 19 de julio afirmó que en el país «no volverá a haber elecciones».
El texto no impone sanciones concretas al régimen dictatorial que encabezan Ortega y su esposa, la codictadora Rosario Murillo.
En cambio, crea un Grupo Ministerial de Seguimiento con plazos definidos para proponer acciones diplomáticas y jurídicas.
Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, entre otros países, impulsaron la iniciativa, que se negoció de manera informal en la sede del organismo.
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Treinta días para arrancar
El grupo, de composición voluntaria y abierto a todos los Estados miembros, deberá comenzar a trabajar en un plazo de 30 días. Su primera tarea será entablar un diálogo «rápido y directo» con las autoridades nicaragüenses.
También deberá dialogar con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluidos la oposición, la sociedad civil y la comunidad nicaragüense en el exilio.
El grupo procurará visitar Nicaragua, a ser posible encabezado por cancilleres. En un plazo máximo de 60 días presentará recomendaciones que deberán incluir medidas diplomáticas y jurídicas «que no impliquen el uso de la fuerza».
La resolución enumera además exigencias «inmediatas, concretas y verificables». Pide informar sobre el paradero de los desaparecidos, devolver la nacionalidad a los desnacionalizados y restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión.
Asimismo, reclama recuperar la separación de poderes y revocar las disposiciones constitucionales y legales aprobadas en 2025 y 2026 que, según el texto, subvierten esas garantías.
Entre ellas figura la reforma que impide participar en elecciones a quienes el Gobierno considera «traidores a la patria».
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Washington habla de «peligro» regional
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, sostuvo que la crisis nicaragüense «no es solamente un asunto interno». A su juicio, el régimen de Ortega y Murillo «pone en peligro la paz y seguridad» del hemisferio.
El canciller dominicano, Víctor Bisonó, anunció que su país cerró su embajada en Managua mientras «persistan las condiciones» de deterioro democrático.
Sus homólogos de Perú y Paraguay calificaron la situación como una amenaza para la seguridad hemisférica.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, urgió a Nicaragua a regresar al orden constitucional.
Además, animó a los Estados a aplicar sanciones económicas que no afecten a la población y restricciones financieras y de viaje a determinadas autoridades.
La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, Rosa María Payá, describió al país como un «estado policial».
Según ella, la dictadura usa una «arquitectura transnacional» para intimidar a sus ciudadanos en el extranjero.
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Brasil marca distancia
Brasil, que votó en contra de convocar la reunión, rechazó cualquier intento de calificar la situación como una amenaza para la paz regional, aunque admitió su gravedad.
Su representante, Benoni Belli, argumentó que esa valoración corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU.
La baja asistencia también marcó la cita. Solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití.
El resto envió representantes de menor rango. Nicaragua no participó en el encuentro, ya que abandonó el organismo en 2023 por decisión de Ortega.
La OEA no convocaba una reunión de consulta de cancilleres desde 2019, cuando abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.