La justicia de Guatemala otorgó arresto domiciliario a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, y ordenó su liberación inmediata tras permanecer 15 meses en prisión preventiva.
El juez Mynor Moto aceptó la solicitud presentada por la defensa y sustituyó la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario. Ambos continuarán vinculados al proceso penal mientras avanzan las diligencias judiciales.
Declaraciones tras recuperar la libertad
Tras conocer la decisión del juez, Pacheco afirmó que enfrenta un proceso que considera injusto y agradeció el respaldo recibido durante su encarcelamiento.
“Estamos enfrentando a la justicia en un proceso injusto”, declaró ante los medios de comunicación.
También señaló que el proceso ha tenido un alto costo económico para su familia y que deberá buscar recursos para cumplir con las obligaciones derivadas del caso.
Pacheco sostuvo que su trabajo siempre estuvo orientado al servicio comunitario y reiteró que los 48 Cantones no constituyen una organización dedicada a actividades ilícitas.
El proceso comenzó por las protestas de 2023
El caso penal se originó por el liderazgo que Pacheco y Chaclán ejercieron durante las manifestaciones y bloqueos de carreteras registrados en octubre de 2023.
En ese momento, ambos integraban la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, una organización ancestral indígena, y encabezaron protestas en defensa del orden democrático y del traspaso de mando presidencial.
El Ministerio Público los procesó por terrorismo, obstaculización a la acción penal y asociación ilícita.
#Actualidad 🔴 | Declaraciones de Luis Pacheco y Héctor Chaclán tras lo resuelto por el juez Mynor Moto.
“La caución económica es muy elevada”, señala Pacheco.
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— eP investiga (@eP_investiga) August 4, 2026
Medidas sustitutivas y condiciones impuestas
Pacheco y Chaclán fueron detenidos el 23 de abril de 2025 por agentes de la Policía Nacional Civil.
Tras más de un año en el centro de detención Mariscal Zavala, el Juzgado Tercero Penal les concedió medidas sustitutivas.
El tribunal les impuso arresto domiciliario, arraigo, una caución económica de 160.000 quetzales (poco más de $2,000) para cada uno y la prohibición de ejercer cargos públicos mientras continúe el proceso.
Organismos internacionales cuestionan el caso
La defensa sostiene que ambos actuaron por mandato de las asambleas comunitarias indígenas y que las manifestaciones forman parte del ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado el proceso.
Esos organismos han señalado que el caso representa una posible criminalización de defensores de derechos humanos y autoridades comunitarias mediante el uso de legislación antiterrorista.
