Una jueza de garantías de Panamá ordenó la noche del domingo la detención provisional de 10 personas investigadas por el presunto uso de diplomas y registros académicos falsos, mientras otros 13 imputados permanecerán bajo retención domiciliaria tras concluir una audiencia que se extendió durante tres días.
La jueza Irene Cedeño anunció las medidas aproximadamente a las 7:30 p. m. del domingo 30 de agosto. La retención domiciliaria de los 13 imputados fue solicitada por el Ministerio Público debido a sus condiciones de salud. Los investigados enfrentan cargos por presunta falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, delincuencia organizada y ejercicio ilegal de la profesión.
Tanto la Fiscalía como las defensas apelaron las decisiones adoptadas por la jueza. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue programada para el 21 de septiembre a las 8:30 a. m., cuando se revisarán las medidas cautelares impuestas a los 23 investigados.
El proceso forma parte de la Operación Credenciales I, investigación desarrollada por el Ministerio Público después de una denuncia presentada por el Ministerio de Educación (Meduca) por la supuesta utilización de diplomas y registros académicos falsificados. La jueza declaró el pasado jueves legal la aprehensión de 22 de las 23 personas presentes en la audiencia, mientras consideró ilegal la detención de una mujer, decisión que no significó su absolución ni su exclusión de las investigaciones.
La investigación contempla inicialmente a 25 personas indiciadas. De ellas, 23 comparecieron en la audiencia iniciada el jueves, mientras otras dos personas aprehendidas enfrentaron procedimientos separados. En estos últimos casos, un juez declaró legales las aprehensiones, admitió las imputaciones y ordenó la detención provisional, medidas que también fueron apeladas por las defensas.
Durante las audiencias, el Ministerio Público calculó que el supuesto esquema provocó un perjuicio económico al Estado superior a $767,000, principalmente por salarios y bonificaciones pagados a docentes que habrían ocupado cargos utilizando registros académicos presuntamente falsos.
La cifra podría incrementarse conforme avance la investigación, pues la denuncia inicial del Meduca contempla al menos 401 registros presuntamente falsos. Según la tesis de la Fiscalía, las acreditaciones habrían permitido a algunos docentes obtener ventajas en procesos de selección, nombramiento, ascenso y promoción dentro del sistema educativo panameño.
La fiscal Elizabeth Carrión presentó durante las jornadas los elementos que, según el Ministerio Público, respaldan las imputaciones y detalló la supuesta participación de cada investigado. El proceso continuará ahora con la revisión de las medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Apelaciones, mientras siguen las investigaciones para determinar el alcance del presunto esquema.
