Una jueza federal de Washington, D.C., rechazó la solicitud de Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno durante la presidencia de Alejandro Giammattei en Guatemala, para retirar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta corrupción.
La jueza Beryl A. Howell denegó la petición presentada por “Miguelito”, pareja sentimental de Giammattei, para salir de la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Con esta decisión, las sanciones permanecen vigentes. En consecuencia, Martínez mantiene congelados sus activos bajo jurisdicción estadounidense y continúa sujeto a restricciones para realizar transacciones financieras vinculadas con ese país.
Martínez dirigió el Centro de Gobierno durante la administración del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei, entre 2020 y 2024.
Las medidas fueron impuestas por presunta corrupción significativa
El Departamento del Tesoro sancionó a Martínez el 1 de diciembre de 2023 bajo la Orden Ejecutiva 13818, que desarrolla la Ley Global Magnitsky para castigar casos de presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Según la OFAC, el exfuncionario habría utilizado su posición para obtener beneficios personales mediante presuntos esquemas de sobornos, adjudicaciones irregulares de contratos públicos y otras prácticas de corrupción. Entre los señalamientos también figura la compra de vacunas Sputnik V durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses sostienen que esos hechos forman parte de un esquema de corrupción sistémica en Guatemala.
El tribunal respaldó los argumentos del Departamento del Tesoro
Durante el proceso, Martínez demandó al Departamento del Tesoro y a la OFAC para solicitar su exclusión de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), al argumentar que las sanciones le causaban perjuicios económicos.
Sin embargo, la OFAC presentó a la jueza información clasificada y otros elementos de respaldo. Además, sostuvo que Martínez no aportó pruebas suficientes para demostrar que las razones que motivaron las sanciones habían desaparecido.
La resolución concluye que no existen fundamentos para retirar las medidas. Por ello, las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos continúan vigentes mientras no exista una nueva decisión administrativa o judicial.