Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos desde que, a finales de marzo, se adoptó el régimen de excepción, en respuesta a una ola de violencia cometida por las pandillas, según un informe revelado el miércoles por el organismo internacional Human Rights Watch y el ONG salvadoreño Cristosal.
El informe “Podemos detener a quien queramos”, documenta detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos.
“Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”, expresó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
El informe de 99 páginas sostiene que desde que se adoptó el régimen de excepción, policías y soldados han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios de bajos ingresos, y han arrestado a más de 58.000 personas, incluidos más de 1.600 niños y niñas.
Entre marzo y noviembre, Human Rights Watch y Cristosal entrevistaron a más de 1.100 personas de los 14 departamentos de El Salvador, incluso durante una visita realizada por Human Rights Watch al país en octubre. Entre las personas entrevistadas se incluyeron víctimas de abusos, sus familiares y abogados, testigos y funcionarios estatales. Los investigadores también examinaron documentos judiciales, documentos médicos y certificados de defunción, y consultaron a forenses internacionales del Grupo independiente de expertos forenses (IFEG) sobre algunos de los casos.
“Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que policías y soldados han cometido abusos similares de forma reiterada, en todo el país, y durante un período de varios meses. Las políticas oficiales y la retórica empleada por altas autoridades gubernamentales han incentivado abusos; por ejemplo, al exigir, durante varios meses, que los policías arresten a un número determinado de personas por día”, señala el informe.
Arrestos masivos e indiscriminados
HRW y Cristosal señalan que la campaña de arrestos masivos e indiscriminados ha llevado a la detención de cientos de personas sin conexión con las actividades delictivas de las pandillas.
“En muchos casos, las detenciones parecen haber estado basadas en la apariencia y el lugar de residencia de los detenidos, o en evidencias cuestionables. Los policías y soldados no han exhibido órdenes de allanamiento o captura y rara vez informaron a los detenidos o sus familiares sobre los motivos de la detención”, señala el reporte.
El informe señala que la población carcelaria aumentó de 39 mil personas en marzo de 2022 a cerca de 95 mil detenidos para noviembre, más de tres veces la capacidad oficial.
“Miles de detenidos han estado incomunicados durante semanas o meses, o sólo se les permitió ver a su abogado durante unos pocos minutos antes de la audiencia”, señala el informe.
El reporte señala que algunas de las pocas personas que fueron puestas en libertad describieron condiciones inhumanas y, en algunos casos, torturas y otros maltratos en detención.
El informe cita la muerte de 90 personas bajo custodia, en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada.
“La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger el Estado de derecho en El Salvador y contribuir a que los salvadoreños estén seguros frente a los crímenes aberrantes que cometen las pandillas, las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y otras formas de abuso de poder”, señaló Goebertus.
