Un informe de la Fundación del Río denuncia la expansión acelerada de una ocupación ilegal e inducida políticamente dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (RVS-RSJ), uno de los ecosistemas más valiosos del sur de Nicaragua.
El documento, titulado Valoración Ambiental y de Conservación del RVS-RSJ 2025, concluye que la invasión de la selva ha sido “promovida y fomentada por operadores políticos locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional”, partido de la dictadura, en un patrón de despojo y degradación ambiental facilitado por la inacción o complicidad institucional.
El refugio se ubica a más de 290 kilómetros al sureste de Managua, en el límite con Costa Rica, y forma parte de la franja biológica que une el sur de Nicaragua con el Caribe costarricense.
Este ecosistema constituye un punto estratégico del Corredor Biológico Mesoamericano, albergando más de 865 especies de flora y fauna, incluidos mamíferos, aves migratorias y peces de importancia regional como el sábalo real.
Declarado sitio RAMSAR en 2001 y núcleo de la Reserva de Biósfera Río San Juan reconocida por la UNESCO, el refugio representa uno de los últimos núcleos biológicos de humedales de Centroamérica, esenciales para la conectividad ecológica entre Norte y Suramérica.
Invasión organizada con apoyo político
La Fundación identificó cuatro dinámicas de invasión. La primera fue promovida por funcionarios locales del FSLN. “Valerio López, exfuncionario de la alcaldía de El Castillo, y Gladys Sánchez Mondragón, actual secretaria política del FSLN, organizaron a personas afines al partido para que se ubicaran en tierras del refugio”, afirma el informe (p. 10).
Los colonos, según testimonios documentados, pagaban hasta 15,000 córdobas por recibir 50 manzanas de tierra (35 hectáreas). No se les otorgaba ningún título legal, pero eran recibidos con discursos de agradecimiento “al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo” por parte de los coordinadores políticos.
La fundación también accedió a documentos con “avales” firmados por Jorge Ariel Omier Ruiz, presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK) y militante del FSLN, en los que se vendían ilegalmente tierras por montos que alcanzaban los tres millones de córdobas. El informe sostiene que esos territorios no pertenecen al GTRK, por lo que tales acciones “pueden considerarse un delito de estafa”.
Minería, tráfico de fauna y presión sobre Costa Rica
Uno de los motores de la ocupación ha sido el auge de la minería ilegal en la zona de Crucitas (Costa Rica) y Las Cruces (Nicaragua), lo que ha derivado en la apertura de caminos clandestinos dentro del RVS-RSJ hacia la Reserva Biológica Indio Maíz.
Según el documento, esta actividad ilegal cometida en Costa Rica por nicaragüenses ha generado también “la comercialización ilegal de cianuro y mercurio, ambos productos altamente tóxicos”.
Durante los recorridos, los investigadores documentaron el saqueo de fauna silvestre —como guardatinajas, guatusas, venados y lapas verdes— y su venta en territorio costarricense. También observaron restos de maderas preciosas (almendro, cedro real, manú) acopiadas para su secado en la ribera del río, listos para su tráfico.
Los nuevos asentamientos ilegales —estimados en 1,587 edificaciones, un aumento del 55% respecto a 2017— han producido una presión sobre los servicios de salud y educación en el lado costarricense, a donde acuden las familias invasoras.
Se estima que solo entre el río Bartola y el Delta habitan ahora al menos 2,479 personas que utilizan los servicios públicos de Costa Rica.
Dragado opaco y sin estudios de impacto
A esto se suma el desarrollo de un proyecto de dragado del río San Juan, ejecutado por la Empresa Nicaragüense del Dragado del Río San Juan, creada por el régimen Ortega-Murillo en julio de 2024.
La investigación advierte que los trabajos iniciaron sin presentar estudios de factibilidad ni de impacto ambiental, violando normas nacionales como la Ley 319.
“El régimen está teniendo un manejo poco transparente de las acciones relacionadas con el dragado, lo que genera muchas preocupaciones tanto por los problemas ambientales… como por los problemas limítrofes que puedan generarse”, advierte el informe (p. 27).
Gestión ambiental y militar deficiente
Pese a ser una zona protegida por ley y parte de dos designaciones internacionales, la gestión institucional es prácticamente nula. El Ministerio del Ambiente opera con un plan de manejo desactualizado desde 2005, mientras que el Ejército, que mantiene puestos a lo largo del río San Juan, ha sido incapaz —o ha decidido no intervenir— para detener las invasiones.
“El Ejército… no está cumpliendo con su función de resguardo ambiental. La invasión ha llegado hasta menos de un kilómetro de sus puestos, sin que suceda nada para detener las actividades ilícitas”, señala el estudio (p. 25).
La Fundación del Río plantea que existe una “estrategia de guarda frontera”, en la que las autoridades militares permiten la permanencia de pobladores ilegales a cambio de vigilancia territorial informal, control político y espionaje transfronterizo.
El informe concluye con un llamado urgente a organismos internacionales y al gobierno de Costa Rica para exigir al régimen de Nicaragua el cumplimiento de sus compromisos ambientales y de protección de áreas fronterizas compartidas.
“El RVS-RSJ aún conserva más del 51% del área con un paisaje de bosque intacto… pero ese patrimonio natural se encuentra seriamente amenazado”, concluye el informe de la Fundación del Río.
