La organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó este miércoles que millones de personas en Guatemala se encuentran en situación de vulnerabilidad por la falta generalizada de acceso al agua potable y servicios adecuados de saneamiento, señalando que las comunidades indígenas y las mujeres son los sectores más afectados por esta problemática.
El informe, titulado “Sin agua no somos nada: por qué Guatemala necesita una ley de aguas”, documenta limitaciones estructurales y desigualdades en el acceso al agua, con consecuencias directas sobre el derecho a la salud y la calidad de vida, especialmente en zonas rurales.
Entre los hallazgos, HRW destaca que el 40 % de la población no tiene agua entubada en su vivienda, cifra que asciende al 50 % en comunidades indígenas. Además, las poblaciones indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de depender de letrinas o pozos ciegos, mientras que las poblaciones no indígenas tienen el doble de probabilidad de contar con sistemas sanitarios conectados a redes de drenaje.
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señaló que aunque Guatemala cuenta con abundantes fuentes de agua dulce y es considerada una economía de ingresos medios-altos, amplios sectores de la población carecen de acceso seguro al agua potable.
“El país dispone de más agua dulce por habitante que el promedio mundial, pero no ha logrado proteger ni distribuir adecuadamente ese recurso esencial”, afirmó.
Guatemala tiene más agua dulce por habitante que el promedio mundial. Pero el 40 % de la población no cuenta con agua entubada en su vivienda. Los indígenas y las mujeres están especialmente afectados.
Urge aprobar una ley de aguas.
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— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) July 2, 2025
HRW advierte que la ausencia de una ley nacional de aguas agrava la situación, ya que actualmente no existe un marco legal claro que defina derechos, responsabilidades, mecanismos de financiamiento ni sanciones para garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua.
La organización exhortó al Congreso de la República a aprobar con urgencia una ley de aguas moderna, que permita regular y proteger este recurso vital, priorizando a las poblaciones más afectadas por la pobreza, la marginación territorial y la desigualdad estructural.