Honduras se prepara para uno de los endurecimientos penales más fuertes de los últimos años. El Congreso Nacional avanzó en un paquete de reformas que busca declarar terroristas a las maras y pandillas. Además, impulsa penas más severas para delitos de extorsión y nuevas facultades para investigaciones de seguridad.
Las reformas ya superaron el segundo debate legislativo. Podrían ser aprobadas en los próximos días si logran el respaldo mínimo de 65 diputados en el pleno. El proyecto fue solicitado por la Secretaría de Seguridad. Esto sucedió en medio de la creciente preocupación por la violencia criminal en varias ciudades hondureñas.
El paquete contempla modificaciones a ocho artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal. Las autoridades aseguran que las medidas buscan fortalecer la capacidad del Estado frente a estructuras vinculadas a extorsión, sicariato y control territorial.
Uno de los cambios más fuertes apunta al delito de extorsión. Las penas pasarían de 15 a 20 años de prisión para quienes sean condenados. Además, se plantea aplicar cadena perpetua cuando la víctima fallezca por hechos relacionados con ese delito.
Tras las pandillas
Otra de las reformas más debatidas es la modificación al artículo 587 del Código Penal, que permitiría catalogar formalmente a determinadas maras y pandillas como organizaciones terroristas.
De aprobarse, las autoridades podrían utilizar herramientas jurídicas similares a las aplicadas contra estructuras terroristas. También podrían usarlas contra redes de crimen organizado transnacional.
El diputado José Sabillón, integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso, afirmó que las reformas buscan responder al impacto de la violencia y proteger a comerciantes, transportistas y ciudadanos afectados por cobros extorsivos en distintas zonas urbanas del país.
La iniciativa también obligaría a empresas e instituciones públicas y privadas a entregar información requerida por las autoridades. Esto será durante investigaciones relacionadas con delitos graves o estructuras criminales.
Ese punto ha generado preocupación entre abogados y defensores de derechos humanos. Por ello, quienes piden mantener controles judiciales claros para evitar abusos.
