La falta de jueces se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella del sistema judicial guatemalteco. A la escasez de personal se suman retrasos tecnológicos, audiencias suspendidas y problemas de coordinación que prolongan procesos y aumentan la presión sobre las cárceles.
El Organismo Judicial (OJ) sostiene que necesita ampliar su presupuesto para contratar personal, extender la cobertura de los tribunales y modernizar sus procesos. Para 2027 calcula requerimientos por Q6,500 millones (unos $852 millones), frente a un techo presupuestario de Q4,359 millones (unos $571 millones).
La diferencia alcanza Q2,141 millones (unos $281 millones), equivalente al 32.9% de los recursos solicitados.
Según información publicada por República, buena parte del presupuesto disponible está comprometido en gastos de personal y funcionamiento, reduciendo el margen para nuevas sedes, capacitación y tecnología.
Pero el dinero no aparece como la única explicación de la mora judicial. El diagnóstico citado por el medio incluye burocracia, malas prácticas, conflictos de interés, corrupción y fallas de coordinación entre instituciones.
También existen procesos que acumulan meses de retraso debido a suspensiones de audiencias, enfermedades o dificultades para trasladar a los involucrados.
La demora puede comenzar desde las primeras horas de una detención. Una persona puede permanecer más de 48 horas en una carceleta antes de su primera audiencia, una espera que puede extenderse debido a la saturación y programación de los tribunales. Los retrasos también alimentan la prisión preventiva prolongada y la sobrepoblación penitenciaria.
El OJ plantea avanzar hacia expedientes electrónicos, firma digital, mayor conectividad y sistemas de ciberseguridad. El desafío para Guatemala será convertir una eventual ampliación presupuestaria en resultados concretos: más jueces, procesos más rápidos y menos expedientes atrapados durante meses o incluso años en los tribunales.
