La salida de funcionarios cercanos a la exfiscal general Consuelo Porras sigue sacudiendo al Ministerio Público (MP) de Guatemala. Se confirmó la renuncia del fiscal Saúl Sánchez y de varios secretarios administrativos vinculados a la gestión anterior, en medio de la reestructuración impulsada por el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna.
Las dimisiones ocurren apenas días después del relevo en la jefatura del MP, un cambio que ha generado expectativa dentro y fuera de Guatemala por el futuro del sistema de justicia y las investigaciones de alto impacto en el país.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que Saúl Sánchez dejó el cargo como jefe de la Fiscalía contra Secuestros. El fiscal había sido trasladado recientemente desde la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio y era conocido por dirigir investigaciones relacionadas con el caso de la Universidad de San Carlos (Usac).
Además de Sánchez, también presentaron su renuncia varios secretarios administrativos que formaban parte de la estructura de confianza de Consuelo Porras. Entre ellos figuran funcionarios de áreas como Política Criminal, Planificación, Pueblos Indígenas y Contra la Corrupción.
Las salidas se suman a otras renuncias registradas en los últimos días dentro del ente investigador. Entre los nombres mencionados están Dimas Jiménez, exfiscal regional metropolitano, y Julio Recinos, quien dirigía la Fiscalía de Extinción de Dominio.
El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, asumió el cargo el pasado 17 de mayo tras ser designado por el presidente Bernardo Arévalo. Desde entonces, distintos sectores políticos y judiciales observan una reorganización interna dentro del Ministerio Público.
La administración de Consuelo Porras estuvo marcada por fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales. Organismos, gobiernos y sectores de la sociedad civil señalaron durante años presuntas acciones contra fiscales, jueces, periodistas y actores vinculados a investigaciones anticorrupción.
La transición en el MP de Guatemala ocurre en un contexto regional de atención sobre el estado de la justicia y las instituciones democráticas en Centroamérica, especialmente tras las tensiones políticas y judiciales registradas en los últimos años en el país.